El Tribunal Superior de Cúcuta sancionó al Gobierno Nacional por incumplir con la sentencia T-052 de la Corte Constitucional, que fue emanada desde 2017 para dirimir el conflicto de tierras entre la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) y la comunidad motilón-barí.

La decisión judicial impone 10 días de arresto y una multa de 5 salarios mínimos a Claudia Adalgiza Arias Cuadros, jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Ambiente, por desconocer lo ordenado por el alto tribunal en el sentido de emprender acciones administrativas, que estén encaminadas a constituir una Zona de Reserva Campesina (ZRC) en esta subregión de Norte de Santander.

Esta penalidad se derivó de un incidente de desacato, que fue interpuesto por Ascamcat el pasado 16 de agosto. 

En el oficio, esta organización alegó un retraso de cinco meses en la instalación de una mesa consultiva y denunció una serie de irregularidades, en las que habría incurrido el Ejecutivo en medio de sus labores de diálogo social para constituir esta figura jurídica en el territorio. 

“Decretar incumplimiento lo resuelto en la sentencia T-052 de febrero de 2017, proferida por la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Gabriel Mendoza”, decretó este auto.

Esta instancia judicial comprobó que la entidad del orden nacional recibió por vía correo electrónico la providencia del alto tribunal y, que a pesar de esto, estuvo ausente en las jornadas de seguimiento a los compromisos de la Corte, desacatando este fallo.

“Dicha cartera ministerial sí incurrió en desacato al desobedecer los mandatos constitucionales emitidos por esta corporación con el fin de impulsar la eficaz la materialización de los derechos humanos amparados por la Corte”, advirtió el tribunal.

El documento  aprovechó para conminar a varias instituciones, entre ellas al Ministerio de Agricultura, la Agencia de Renovación de Territorio, la Agencia Nacional de Tierras y Parques Nacionales Naturales de Colombia, para que avancen en la implementación de los siete puntos ordenados por la T-052.

Ascamcat, inconforme

A pesar de la sanción impuesta por el Tribunal Superior de Cúcuta, Ascamcat se mostró inconforme frente al contenido de este nuevo fallo.

Olmer Pérez, dirigente de esta organización campesina, aseguró que la determinación no formula una solución de fondo para la disputa territorial con el pueblo barí.

“Acá no quedó claro cuál es el paso a seguir en lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial para los campesinos y los indígenas, quienes por años tenemos nuestros territorios ordenados, con una frontera agrícola delimitada y, por fin, tener nuestra zona de reserva, y en el caso de los barí tener su ampliación de su territorio. Esto quedó en el limbo”, indicó el vocero de Ascamcat.

 Este es el facsímil del auto del Tribunal Superior de Cúcuta que presenta las pruebas para demostrar el incumplimiento del Gobierno Nacional en este tema. La instancia judicial ordenó 10 días de arresto y un pago de una multa de 5 salarios mínimos a Claudia Adalgiza Arias Cuadros,jefe de la Oficina Jurídica del MinAmbiente.

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Una década de tensiones

La puja por la constitución de una Zona de Reserva Campesina se remonta en 2009, cuando se planteó la posibilidad de crear esta área autónoma en los municipios de El Carmen, Convención, Teorama, El Tarra, San Calixto, Hacarí y Tibú.

Inicialmente, este perímetro pretendía abarcar una extensión de 354 mil hectáreas, abarcando 326 veredas de estas localidades, donde se pensaba distribuir lotes baldíos entre campesinos víctimas del conflicto armado para que ellos establecieran una autonomía agrícola.

Para concretar esta iniciativa, Ascamcat presentó una propuesta de desarrollo económico, que solicitaba ante el Gobierno Nacional una inversión de $600.000 millones para mejorar la infraestructura vial, la educación y los programas sociales.  

Esta zona especial se topaba con las pretensiones de ampliación de la frontera indígena de los resguardos Caricachaboquira y Motilón-Barí, que equivaldría un territorio de 100.000 hectáreas.

Sin embargo, ambas comunidades solucionaron esta divergencia y acordaron que se iba a plantear un nuevo componente territorial con miras a la época de posconflicto.

En el marco de esta disputa, la Corte Constitucional admitió una acción de tutela, que interpuso el pueblo barí para garantizar sus derechos sobre el territorio.

Así nació la sentencia T-052 de 2017, mediante la cual, el alto tribunal conminó al desaparecido Incoder para emprender acciones administrativas, entre ellas la instalación de mesas de diálogo, para delimitar la ZRC y garantizar la permanencia de las comunidades ancestrales.