Rubén Darío Yáñez, representante legal de la organización, aseguró que este era uno de los principales pedidos que desde hacía varios años venían implorando a gritos ante el Gobierno Nacional, dadas las pésimas condiciones en las que actualmente reciben acompañamiento en la Unidad de Atención y Orientación (UAO).

“La atención y orientación primaria de las víctimas, cuando acuden a cada ente territorial y al Ministerio Público, para registrar los hechos victimizantes e iniciar sus procesos de protección y reclamación de derechos, no ha sido el ideal o apropiado y lo hemos venido considerando como inhumano”, señaló.

En ese sentido, en nombre de las centenares de víctimas que agrupa la Coordinadora, le solicitaron a la directora de la Unidad, Paula Gaviria, garantizar que el proyecto no termine convertido en un “elefante blanco más” de los que muchas veces les han prometido a quienes padecieron los rigores del conflicto, y que se cumpla el objetivo real de brindar una adecuada y digna atención a los ciudadanos afectados.

Yáñez puso como ejemplo las travesías por las que tienen que pasar hoy quienes van a hacer la solicitud del registro de hechos ante el Ministerio Público a fin de obtener los beneficios de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

“Este proceso viene colapsando ya que hay turnos o citas para atenderlas durante estos cinco meses restantes del año 2012”, dijo.

El vocero de las víctimas también cuestionó el hecho de que ni el municipio ni el departamento disponen de los recursos suficientes para brindar la atención humanitaria de emergencia que se estableció en la Ley 1448 del 2011.

“A esto se le suma que el comité de valoración de la solicitud de registro de las nuevas víctimas que vienen declarando sus hechos, está demorando más de los 60 días que prevé la ley. Así mismo sucede con el pago de las indemnizaciones o la reparación, pues muchas personas llevan 2, 3 ó hasta 4 años esperando”, aseguró Yáñez.

El representante legal de la organización de víctimas manifestó que otra de las preocupaciones que les asiste tiene que ver con la falta de apoyo y ofertas para que los líderes puedan participar efectivamente en la adopción de políticas públicas de atención en los distintos comités locales y regionales, tal y como lo estableció la ley.

Por esta razón, le proponen a Gaviria replantear este tipo de obstáculos que se están presentando a fin de que la Ley de Víctimas tenga los resultados que esperan sus beneficiarios.

El centro de atención integral para las víctimas de Cúcuta y Norte de Santander, cuya inversión inicial alcanza los $3.000 millones, se convierte en una de las primeras promesas que se podrían materializar por parte de la Unidad Nacional de Víctimas, en favor de los nortesantandereanos.

La firma del convenio se llevará a cabo el próximo mes con el fin de que antes de finalizar el 2012 se comiencen a desarrollar las obras en un lote destinado por el municipio en el lugar conocido como paseo Rojinegro, en la ciudadela Juan Atalaya.