La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de Colombia fue creada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y tiene 15 años en el país. 

Su jefe es Roberto Menéndez, abogado.  Funciona en Norte Santander, con una regional que tiene oficinas en Cúcuta y Ocaña, bajo la coordinación del sociólogo mexicano Carlos González Zárate.  

Como vocero institucional de la MAPP-OEA, Menéndez conversó con La Opinión sobre las acciones que lleva a cabo el organismo no solo en el país sino en la convulsionada región del Catatumbo y, en general, en el departamento.

¿Cuáles son los objetivos de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de Colombia?

La MAPP/OEA es una misión internacional que monitorea y acompaña las políticas e iniciativas de paz, directamente en los territorios rurales más afectados por el conflicto armado, la inequidad y la débil presencia del Estado. Allí entablamos un diálogo cercano y franco con las comunidades, para visibilizar las principales afectaciones que sufre la población civil, entregar recomendaciones concretas a la institucionalidad, y crear puentes entre comunidades y Estado para la construcción conjunta de paz. También aportamos al fortalecimiento de procesos y capacidades de liderazgos y organizaciones sociales, étnicas, de víctimas, mujeres, y comunales para procurar que esa paz sea plural, incluyente y participativa. De igual manera,  facilitamos la llegada coordinada e integral del Estado.

¿Qué resultados han alcanzado en Norte de Santander?

Norte de Santander fue uno de los primeros departamentos a los que llegó la MAPP/OEA en cumplimiento de su mandato de verificación al proceso de desmovilización de las AUC. En el caso del Bloque Catatumbo, identificamos  violaciones al cese de hostilidades, lanzamos las primeras alertas sobre reagrupamientos y surgimiento de nuevos grupos armados ilegales, y alertamos sobre el asesinato de desmovilizados. Asimismo, tras la salida de las Farc, advertimos sobre el reacomodo de otros grupos armados ilegales, y los impactos humanitarios a las comunidades, que lamentablemente aún siguen vigentes. 

¿Cuál ha sido el trabajo con las víctimas?

En este departamento acompañamos a las víctimas que se organizaron para asistir a las primeras versiones libres de paramilitares ante la Fiscalía de Justicia y Paz, facilitando su participación, su trato digno en escenarios profundamente difíciles, y contribuyendo a que accedieran a la verdad, la justicia y la reparación. Asimismo,  acompañamos procesos de fortalecimiento y reparación colectiva, como en La Gabarra, cuyo objetivo aún no se ha cumplido en su totalidad. También hemos acompañado los esfuerzos institucionales y de sociedad civil para mitigar las afectaciones derivadas de la confrontación entre grupos armados ilegales, así como procesos organizativos de campesinos, jóvenes, mujeres, comunales e indígenas, incluidas las reivindicaciones del Pueblo Barí. 

¿El proceso de implementación también lo acompañan hoy en día?

Sí. Acompañamos la implementación del PDET y monitoreamos el proceso de implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS). 

A propósito de este tema, ¿cómo ve el cumplimiento del acuerdo de paz de La Habana?

Firmar un acuerdo de paz es un proceso sumamente complejo, e implementarlo aún más. Desde la MAPP/OEA somos respetuosos de la forma en que los gobiernos han enfrentado estos enormes desafíos, exhortando siempre a la implementación completa y efectiva de los acuerdos y compromisos asumidos. Hemos constatado que se han establecido prioridades, discusiones y ajustes que se  consideraron necesarios. 

¿Cuáles cree que son los principales avances?

Reconocemos avances en la elaboración de un fuerte andamiaje normativo e institucional, como el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, el de la desmovilización y desarme de las exFarc, en la reincorporación de los ex combatientes, el desminado humanitario, la apertura de nuevos espacios y escenarios de participación política para actores del conflicto, etcétera. 

¿Y las principales inquietudes?

Nos preocupan las demoras y expectativas generadas en las comunidades, frente a asuntos centrales como las garantías de seguridad, el desarrollo y la sustitución de cultivos ilícitos.

¿Le ve posibilidades a nuevos acuerdos con grupos que todavía están alzados en armas? 

La paz es un imperativo para todo Estado y sociedad, y en Colombia vemos oportunidades para alcanzarla de forma completa y definitiva. Desde la MAPP/OEA hemos reiterado que el diálogo es la mejor senda para alcanzarla; que se requieren pasos, gestos y hechos concretos, y que evitar mayores afectaciones a la población civil debe ser la principal motivación para ambientar y perseverar en los esfuerzos.

Particularmente, ¿cuál es su visión del Catatumbo?

En Norte de Santander la MAPP/OEA tiene dos oficinas: una en Ocaña y otra en Cúcuta, porque consideramos que el Catatumbo es uno de los epicentros para la construcción y consolidación de la paz en Colombia. Vemos con preocupación la reconfiguración y persistencia del conflicto alrededor de las economías ilegales, las afectaciones a las comunidades campesinas e indígenas, y el contexto de informalidad, ilegalidad, debilidad institucional y necesidades insatisfechas agravadas por la crisis venezolana.

¿Es sostenible la contribución de la comunidad internacional a la paz de Colombia?

La comunidad internacional está convencida que la paz de Colombia es paz para el hemisferio y para el mundo. Por eso ha demostrado y reiterado su voluntad de apoyar a Colombia en estos procesos históricos, a través de mecanismos de monitoreo y acompañamiento permanentes como es la MAPP/OEA, de cooperación financiera y técnica. Siempre insistimos, además, en que la paz es un asunto que debe involucrar a todos los sectores de la sociedad colombiana, incluidos aquellos que no están a favor de los acuerdos del Teatro Colón o quienes se declaran como indiferentes.

¿Qué tanta influencia le asigna al narcotráfico en el conflicto armado de Colombia?

El narcotráfico ha servido de combustible para el conflicto armado en Colombia, degradándolo y perpetuándolo. Los grupos armados ilegales se lucran y tienen interés en mantener todos los eslabones de la cadena. Esto incluye la siembra y transformación de hoja de coca, marihuana o amapola, y principalmente la narcoactividad, que implica a los eslabones más gruesos y rentables, como los carteles y lavadores de activos, quienes tienen gran interés de que el negocio continúe, a pesar de las graves consecuencias humanitarias y ambientales.

‘La paz sí es posible’

En la revista MAPP-OEA, publicada en junio de 2019 con motivo de cumplirse los 15 años de esa entidad en Colombia, el jefe de la misión, Roberto Menéndez, escribió un editorial destacando los resultados de ese proceso, titulado “Lo que aprendimos de las víctimas”. En uno de sus apartes dice:

“En estos 15 años, Colombia nos ha enseñado que la paz es posible. A pesar de la violencia, las víctimas del conflicto armado perseveran diariamente, no solo en mostrarnos que la paz es el camino sino en la importancia de construirlo. En las zonas rurales, en los centros poblados, en las ciudades intermedias y en las capitales, siempre hemos encontrado procesos organizativos de víctimas que emprenden, con más o menos herramientas, pero con completa convicción y voluntad procesos que reivindican la memoria y exigen verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

“Además, hemos aprendido que la paz solo es posible con la activa participación de la sociedad en su conjunto y, fundamentalmente, de las víctimas del conflicto. Quienes acompañamos y hemos sido testigos privilegiados de sus procesos de sanación, resiliencia y empoderamiento hemos visto la fuerza de la reconciliación entre las víctimas y quienes en algún momento fueron victimarios. Ambos nos enseñaron que la paz requiere ver al otro con humanidad.

“Con firmeza y bondad, las víctimas también nos han enseñado que solo es posible construir paz entre adversarios, es decir, entre quienes están, de una manera u otra, en orillas distintas. A entender el diálogo, no como algo lejano o retórico, sino como la única herramienta que permite acercar, tramitar diferencias y transformar los conflictos para llegar a acuerdos concretos, desde el mejoramiento de la convivencia hasta la exigencia a los actores armados de mantenerse fuera de territorios y poblados”.