Hay 28 estructuras armadas ilegales a lo largo de la frontera colombo-venezolana.
Tibú, “la joya de la corona” en la disputa por el Catatumbo
Si bien, el Eln y el Epl históricamente han coexistido en el Catatumbo, la posibilidad de expandirse a finales del 2017 hacia los territorios que pertenecían a las Farc, una vez firmado el Acuerdo de Paz, condujo a que estos dos grupos declararan un enfrentamiento abierto, dejando de lado un pacto de no agresión que se había acordado en 2015.
Así lo revela el último estudio de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) donde además destaca la existencia de 28 estructuras armadas ilegales a lo largo de la frontera que Colombia comparte con Venezuela (2.219 kilómetros).
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Entre estos grupos armados que operan en ambos países atravesando siete departamentos, concentrándose especialmente en Norte de Santander, Arauca y Vichada, se cuentan el Eln, Epl, Los Rastrojos, Clan del Golfo, disidencias de las Farc, organizaciones criminales de carácter transnacional como Los Pranes y el Cartel de Sinaloa.
Además de bandas criminales conocidas como La Frontera, La Línea, La Zona, Los Mercenarios, Los Palmar, Los Caradura, Los Pachenca y Los Puntilleros, entre otros.
La guerra
Tras el acuerdo de paz, el Epl a través del Frente Libardo Mora Toro dio inicio, por un lado, a una consolidación territorial en su núcleo histórico: Hacarí, zona rural de Ábrego y La Playa. Por otro lado, una expansión a El Tarra, San Calixto, Sardinata, Teorama, Convención, y Tibú, municipios de control del extinto frente 33 de las Farc, con el objetivo de controlar las principales rutas de droga y la salida del país por el estado de Zulia.
Mientras tanto, el Eln consiguió un fortalecimiento militar en todos los municipios de la región del Catatumbo, con el apoyo de las disidencias de las Farc, lideradas por Jhon Catatumbo.
Sardinata y Tibú fueron los dos municipios de principal dominio de las Farc y donde actualmente se concentran, además de El Tarra, los cultivos de coca del departamento (con 5.487, 16.096 y 4.916 hectáreas de coca, respectivamente), siendo 3 de los 10 municipios con mayor presencia de cultivos de coca a nivel nacional.
“Más tarde, el Epl consiguió también en 2018 una alianza militar con el Clan del Golfo (en cooperación las bandas La Línea y La Frontera) para la disputa con el Eln en el área metropolitana de Cúcuta, a través de la que se recrudece la violencia entre las dos estructuras”, agrega el informe cuyas alianzas, hasta la fecha, han aumentado las acciones violentas, siendo los homicidios y el desplazamiento forzado los principales hechos victimizantes, además del reclutamiento forzado.
Las cifras de expulsión en el 2018 se concentraron-dice- en Teorama, San Calixto y Hacarí, municipios que limitan con Tibú.
En cuanto a homicidios, Teorama, Convención y Tibú, tienen un incremento del 76%, 64% y 32%, respectivamente, en las tasas de homicidios entre 2017 y 2018.
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El Epl, además de la cooperación con el Clan del Golfo en Catatumbo, acordó con Los Rastrojos, especialmente en zona de frontera en Cúcuta, Puerto Santander, Villa del Rosario y Ragonvalia, la división de los cobros extorsivos a comerciantes, transportadores, arroceros, pimpineros, división del cobro de pasos fronterizos, manejo no conflictivo de las rutas para la salida de narcóticos, a cambio de facilitar a Los Rastrojos el ingreso paulatino de estos al Catatumbo.
Cabe destacar que Tibú representa “la joya de la corona” en el marco de esta disputa.
La frontera está conformada del lado colombiano por 35 municipios de los departamentos de Norte de Santander, La Guajira, Cesar, Boyacá, Arauca, Vichada y Guainía.
Trochas y conclusiones
De acuerdo al informe de Pares, la guerra en la frontera se concentra alrededor de las trochas, pues el cierre del paso legal entre Venezuela y Colombia, ocasionado por la ruptura de las relaciones bilaterales entre los gobiernos de ambos países, incrementó el flujo migratorio por estos pasos y se generaron lugares de paso nuevos, “con lo que a su vez aumentó la renta de los cobros extorsivos y otras actividades ilegales por las que se disputan estos actores ilegales”.
Concluye que la política internacional de bloqueo y desconocimiento del gobierno de Venezuela, ha desencadenado una crisis binacional que ayuda a fortalecer estos grupos delictivos y empuja a la población migrante a ver en estos grupos las distintas maneras de salir de su crisis económica, y que a la final terminan recrudeciendo el conflicto armado y organizado en ambos países.
Todo ellos, sumado a delitos como la explotación laboral, la mendicidad, la esclavitud, el abuso y explotación sexual.
Incumplimiento
“De manera contundente se puede afirmar que la falta de implementación de los acuerdos de paz suscritos entre las Farc y el Estado incrementó y agudizó el conflicto armado en toda la frontera, aumentó las actividades del narcotráfico y permitió posicionarse bandas delincuenciales transnacionales en territorio nortesantandereano”, finaliza.
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