Norte de Santander, uno de los departamentos más afectados por la violencia y con mayor presencia de grupos armados ilegales en el país, fue seleccionado para la instalación de una de las 23 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN),  establecidas en el acuerdo sobre el fin del conflicto suscrito el jueves en La Habana (Cuba).

El municipio que volverá a ser escenario de un proceso de transición de la vida armada a la civil de los integrantes de un grupo armado ilegal es Tibú, en plena zona del Catatumbo.

En 2004, el corregimiento de Campo Dos fue epicentro de la concentración de, al menos, 1.400 paramilitares del bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia que decidieron desmovilizarse.

Hoy, nuevamente esta población, ubicada al norte del departamento, limítrofe con Venezuela, con una vasta extensión de territorio que alcanza los 2.737 kilómetros cuadrados y que ha sido un bastión de las Farc  desde 1982, cuando empezaron su incursión, ha sido elegida para permitir el tránsito de sus  hombres a la legalidad.

En su momento, Tibú fue protagonista por el petróleo y la bonanza que el entonces llamado oro negro generó,  pero su estratégica ubicación geográfica y la aparición de los cultivos ilícitos, sumado a un abandono estatal que completa décadas, convirtieron a esta, naturalmente rica, región de Norte de Santander en un foco de confrontación y violencia.

Aunque el Gobierno tan solo anticipó que este será uno de los 22 municipios encargados de albergar a los integrantes de las Farc que se acogieron al proceso de paz, para facilitar el cese bilateral del fuego y las hostilidades y permitir la dejación de sus armas, todavía es incierto la vereda o el grupo de veredas que conformarán dicha zona.

Según el mapa administrativo de Tibú, esta localidad está conformada por 180 veredas, muchas de la cuales bordean la línea limítrofe con Venezuela. No obstante, el Ministerio de Defensa aclaró ayer que una de las características de estos lugares es que estarán distantes de las áreas de frontera.

Otro de los criterios que se tuvieron en cuenta para su selección es que queden apartadas de los cascos urbanos o las cabeceras municipales, con una extensión razonable que garantice los procesos de verificación en cabeza de la ONU y la seguridad interna y externa.

De la misma forma, deberán contar con las condiciones necesarias que faciliten el suministro de la logística. Tendrán que estar por fuera de los parques naturales, áreas de infraestructura estratégica, cultivos ilícitos, explotación minera, grupos étnicos y resguardos indígenas.

El alcalde de esa localidad, Jesús Alberto Escalante, se mostró expectante e inquieto por lo que sucederá en Tibú con este proceso, pero dispuesto a contribuir con el éxito de esta iniciativa.

“Bienvenido sea y en nombre de Dios que todo salga bien y que este sea el punto de partida para el desarrollo integral de la región. Hay muchos actores armados que convergen en esta zona y por eso esperamos que este sea el inicio del cierre de la página de violencia en el Catatumbo”, manifestó.

Las Farc en el Catatumbo

De acuerdo con un informe de la Fundación Ideas para la Paz, publicado en febrero de 2015, en la región del Catatumbo se asentaban hasta ese momento miembros del Bloque Magdalena Medio.

Sin embargo, el frente 33 es  la principal estructura de este grupo alzado en armas, con una influencia en Convención, El Carmen, Hacarí, Tibú, El Tarra, Sardinata y Teorama.

“De acuerdo con cifras oficiales y de analistas locales, para finales de 2014 el frente 33 estaba compuesto por cerca de 600 hombres, de los cuales, 200 conforman las estructuras de milicias urbanas”, reseñó la Fundación.

Allí también se dejó en evidencia que una de las principales fuentes de financiación de este grupo en la zona del Catatumbo es la  venta de pasta de coca.

Y es que el negocio del narcotráfico, del que se lucran todos los grupos que hacen presencia en Tibú (Farc-Eln-Epl y ahora las bandas criminales), es el que ha posicionado a este municipio en el tercer lugar, de la lista de 10 municipios con la mayor área cultivada a 2014 (2.997 hectáreas), según el informe de monitoreo de Naciones Unidas.

La Opinión