En la audiencia disciplinaria por el caso que se surte en contra de cinco uniformados del Ejército vinculados  con el asesinato, en Convención, del excombatiente de las Farc, Dimar Torres, los abogados de los investigados pidieron que se tuvieran en cuenta testimonios de menores de edad y soldados profesionales activos.

En este caso, la investigación de la Procuraduría es contra el cabo segundo Daniel Eduardo Gómez Robledo, el teniente coronel Jorge Armando Pérez Amézquita y los soldados David Casilimas Pulido, William Andrés Alarcón Castrillón y Yorman Alexander Buriticá Duarte.

En la diligencia, que tardó más de cuatro horas, la abogada Diana Prada Arismendí, quien defiende los intereses del coronel Pérez Amézquita, dejó de presente dos folios en los que exponía un documento allegado por un grupo de congresistas adscritos a la Comisión de Paz del Senado de la República.

El documento es para que se tenga en cuenta como prueba.

Del mismo modo, le solicitó al procurador tener en cuenta un informe sobre la conexión de telefonía Tigo, Claro, Movistar y Avantel, en el que reportan que la señal en el lugar donde falleció Torres, es nula, esto teniendo en cuenta que durante la investigación se ha mencionado de la existencia de un grupo de WhastApp en el que se había concertado la muerte del excombatiente.

Igualmente, también pidió al procurador del caso tener en cuenta tres declaraciones de dos oficiales, un cabo y cinco soldados profesionales del Ejército, así como también un audio emitido desde la repetidora de la institución, en el cual el coronel Pérez Amézquita pide información de lo que está ocurriendo en el lugar de la muerte.

El abogado Jairo Andrés Santos, quien defiende los intereses de los soldados Casilimas Alarcón y Buriticá, también pidió que se aceptara como prueba en el proceso, la declaración de los soldados profesionales activos Víctor Manuel Árias, Luis Alfonso Muriel, Davinson Bustos Salazar, Amil Caballero, Julio César Caicedo, Eduardo Campos Vargas, Enrique Cantero Misa, Víctor Hugo Cano y Freddy Moncada Galvez.

Santos también pidió que se acreditaran como pruebas la declaración de la personera  y la participación de un delegado de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el fin de escuchar a un menor de edad.

La determinación sobre si se aceptan o no las pruebas se conocerá el próximo viernes, a través de audiencia virtual.

Como se sabe, en la audiencia efectuada en mayo de 2019, la Fiscalía en la audiencia que determinó la medida de aseguramiento intramuros contra el cabo segundo del Ejército, Daniel Eduardo Gómez Robledo, implicado en la muerte de Dimar Torres Arévalo, notificó lo siguiente:

“El cabo no solo acabó con la vida de Dimar, de toda una familia y de una comunidad, sino que le hizo un gran daño a lo más entrañable que es la paz de Colombia, al ejecutar a una persona de las Farc. Es un mal mensaje para el proceso de paz, la muerte de un civil protegido”.

El militar, oriundo de Bogotá, no aceptó los cargos que le imputó el ente investigador por homicidio en persona protegida, por hechos ocurridos el pasado 22 de abril cuando iba camino a su casa en la vereda Campo Alegre (Convención).