Los estudiantes de las escuelas de Vijahual, en Teorama; Santa María, en Convención; Dosquebradas, en El Carmen; y La Pacheca, de Hacarí; no pudieron reiniciar sus clases el 9 de julio, luego de las vacaciones de mitad de año, por los combates entre el Ejército Popular de Liberación (Epl), denominado Los Pelusos por las autoridades, y el Ejército de Liberación Nacional (Eln).

La situación se conoció durante la sesión extraordinaria de La Mesa de Educación en Emergencia, que presidió María Fabiola Cáceres Peña, secretaria de Educación de Norte de Santander, en donde se analizó las situaciones que enfrentan las comunidades educativas en el Catatumbo.

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“Los reportes que tenemos de los directivos docentes es que se está presentando una suspensión de clases debido a problemas de orden público. Tenemos dos sedes que están rodeadas de minas y en las otras dos los combates son muy cercanos”, aseguró.

Cáceres precisó que 53 niños no han podido regresar a las aulas por el conflicto que se vive en estos lugares, es por ello que se buscan alternativas para garantizar el derecho a la educación de estos habitantes, velando por su seguridad y la de los profesores. 

“Por ahora, los directivos deben seguir reportando cómo transcurre la situación. Haremos una nueva reunión el 17 de agosto, en Ocaña, con la presencia de los alcaldes, personeros y comunidades, para programar visitas a estas zonas de conflicto y determinar cómo se le puede ofrecer la educación”.

La funcionaria recordó que desde el 14 de marzo, cuando comenzaron los enfrentamientos entre el Epl y el Eln por el control del territorio del Catatumbo, los cuales interrumpieron las actividades académicas en planteles rurales de siete municipios, la Secretaría de Educación ha venido haciendo un detallado seguimiento.

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La evaluación “se ha mantenido sede por sede”, con apoyo del Consejo Noruego para Refugiados (NRC), “lo que ha permitido identificar casos de amenazas a docentes, infracción a los derechos humanos, instalación de artefactos explosivos alrededor de escuelas, reclutamiento, utilización y delitos sexuales, deserción escolar y afectaciones a la infraestructura educativa, según el despacho.

“Se han ejecutado estrategias de prevención como el plan de educación en riesgo para docentes, padres de familia y estudiantes, ante la manipulación de minas y trampas explosivas”, sostuvo María Fabiola Cáceres, quien pidió al Gobierno Nacional una intervención inmediata en la resolución de este conflicto entre los dos grupos armados.