El traslado de los damnificados de Gramalote al nuevo casco urbano, que se construye en la vereda Miraflores, está en discusión desde hace varias semanas, pero poco a poco se aclaran más las condiciones y garantías para que se lleve a cabo.

Según se conoció, los principales compromisos para que las familias retornen estarán dados por el Fondo Adaptación, pues esta entidad se hará cargo de la instalación del alumbrado público y la operación del acueducto y alcantarillado.

Así las cosas, las dificultades económicas de la administración municipal para cubrir estos dos aspectos, esenciales para el retorno, estarían asegurados por parte del alto gobierno.

Carlos Rodríguez, coordinador de la reconstrucción por parte de la Gobernación, explicó que actualmente se está haciendo una especie de lista de chequeo para evaluar qué tiene y qué no, el casco urbano.

En materia de servicios públicos las condiciones están parcialmente dadas, pues incluso en la energía eléctrica la empresa Cens dispondría de un vatiaje suficiente para los primeros traslados, mientras se instala la subestación.

En relación con los equipamientos, está finiquitada la alcaldía que incluso está amoblada, por una donación otorgada por una empresa privada.

La plaza de mercado también tiene un avance considerable, y se está adelantando el proceso de preconstrucción del colegio.

Hasta el momento, 96 familias han recibido las escrituras de sus viviendas, y en un sondeo preliminar más de la mitad estaría dispuesta a vivir de inmediato en el nuevo casco urbano.

Las principales preocupaciones para ellos serían las condiciones de salud y educación, que estarían provisionalmente resueltas con los servicios que se prestan en el centro de servicios Andrés Entrena Parra y el Instituto Técnico Agrícola.

Los pendientes

De la ‘lista’ de verificación quedan pendientes algunos equipamientos que todavía no tienen financiación, así como la construcción de la estación de Policía.

Este último es uno de los aspectos más relevantes, porque si se acuerda el retorno los uniformados están obligados a garantizar su seguridad.

Aunque hasta el momento no se ha iniciado la edificación del puesto de Policía, los recursos están disponibles.

De otro lado, están en mora la casa de la cultura, la casa del adulto mayor, la del campesino, y el polideportivo, a la espera de financiación.

Por su parte, Rodríguez confirmó la disposición del ente territorial para apoyar en la financiación del estadio, como había comentado hace algunos meses el gobernador William Villamizar.

Ahora la decisión final de la fecha más conveniente para un posible traslado está en manos de las autoridades locales, nacionales y los gramaloteros, para revivir el nuevo pueblo.