El plazo que se vencía este miércoles para resolver el conflicto territorial entre el pueblo barí y los campesinos del Catatumbo se amplió hasta el 19 de noviembre de este año, con el fin de que el Gobierno Nacional avance en el cumplimiento de la sentencia T-052 relacionada con el futuro territorial de ambas comunidades.

Así se acordó en la audiencia que dejó varias tareas a las partes, especialmente al Gobierno, según comentó Juan Carlos Quintero, vocero de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat).

Entre los compromisos de corto plazo, se destaca la realización de un preacuerdo en materia de desarrollo económico alternativo, así como la definición de actividades y estrategias de financiación que garanticen la ampliación, delimitación, y saneamiento de los resguardos barí, y los preparativos para la constitución de la Zona de Reserva Campesina (Zrc) del Catatumbo.

Para el caso del acuerdo económico y productivo, se prevén propuestas relacionadas con la economía campesina, en tanto que el pueblo barí presentará sus opciones de sostenibilidad sumadas a la protección del territorio ancestral.

De otro lado, Ascamcat solicitó la vinculación de la Agencia de Restitución de Tierras, la Agencia de Renovación del Territorio, y el Ministerio de Ambiente, para garantizar una mejor articulación y claridad en torno a las necesidades territoriales.

Así mismo, se pidió hacer un estudio socioeconómico general, “para tomar una decisión técnica y responsable de hasta dónde se pueden ampliar y sanear los resguardos”, dijo Quintero, tarea pendiente por parte del Gobierno Nacional.

Entre los avances que, a la fecha se destaca, es la certificación de que en el polígono sur de la ZRC (zona sur de San Calixto y municipio de Hacarí, con 34 veredas en total) no hay presencia de comunidades indígenas, Rrom, ni afrodescendientes, razón por la que se actualizó el plan de desarrollo sostenible para los campesinos, que por razones de orden público y amenazas a los dirigentes, no se han podido exponer en territorio para que se validen con las bases.

“Esperamos que el Estado cumpla”, agregó Quintero. “Creemos que se abre una ventana de oportunidad en estos ocho meses para el cumplimiento de la sentencia”.

Sin embargo, una preocupación quedó expuesta en la audiencia, con la intención expansionista de empresas mineras, y de palma, que para el pueblo barí afectan el ordenamiento territorial.

Para Quintero, es urgente “prestarle atención a que mientras hay una orden del más alto nivel para establecer cómo vamos a ordenar el territorio, las empresas de palma están actuando como si no existiera esa orden, al igual que las empresas petroleras y mineras”, lo cual pone en riesgo “la pervivencia de las comunidades, del medio ambiente y desde el punto de vista de ambos, es un irrespeto frente a la misma situación de la resolución territorial en la zona del Catatumbo”.