La invitación que hizo el jueves el Concejo de Cúcuta a la Turkish Petroleum International Company (Tpic) terminó con más dudas que aclaraciones sobre el proyecto de exploración de petróleo en la vereda Monteverde, zona rural de la ciudad.

Además, bastó con que el concejal Alexánder Salazar dijera que está del lado de la comunidad, que las empresas petroleras se llevan los recursos del país sin dejar inversión social, y que “de estas experiencias no ha quedado nada bueno”, para que Yakup Ozcelik, gerente en Colombia de la compañía, perdiera el control.

Aplaudiendo burlón y de pie, interrumpió al cabildante, y gritó: “¡Este concejal no quiere ninguna inversión para este país!”.

Aunque se dejó claro que el Concejo no se opone al desarrollo regional, ni a la posibilidad de generar empleo, regalías y oportunidades de crecimiento económico, sí se enfatizó en la necesidad de conocer en detalle cómo se efectuó el proceso de licenciamiento, y en qué medida puede afectarse el agua.

Para el concejal Juan Carlos Capacho, “es necesario buscar un equilibrio entre las peticiones de las comunidades y la empresa, porque debemos tener en cuenta que estos ecosistemas son frágiles y cualquier alteración podría ser inconveniente”.

Según Capacho, también se debe aclarar el rol de Corponor en relación con el presunto silencio administrativo que habría permitido el avance de la licencia, en 2013.

Gregorio Angarita, director de Corponor, aunque no se refirió a este tema, expresó que ha visto “la voluntad de concertación de las partes, pero no entiendo por qué no se llega a acuerdos”.

Agregó que, preliminarmente, el estudio hidrogeológico adelantado por la entidad no indica que haya afectación sobre las fuentes hídricas del área de Palmarito, la cual, según la compañía, está por fuera del área de influencia directa.

Sin embargo, se pidió analizar el tema hídrico, en vista de que el punto de perforación está ubicado a 1.48 kilómetros del caño Barrancas, que surte a la comunidad de Palmarito, distancia que, según el concejal Capacho debe ser evaluada.

Por su parte, los miembros de la comunidad reiteraron su posición inquebrantable en defensa del agua y de la preservación del entorno.

Apolinar Suárez, edil de Palmarito, señaló que la presencia de la petrolera y la explotación abre la puerta a la llegada de bandas criminales, prostitución y afectación del territorio.

“Hemos sido desplazados por los grupos armados, y no queremos ahora serlo por la sequía”, afirmó.

Ozcelik insistió en que la afectación ambiental la generan la siembra de palma y la deforestación, y anunció que enviará una carta al presidente Juan Manuel Santos, con miras a suspender el proyecto y que el conflicto se resuelva desde el orden nacional.