Una polémica decisión de la Corte Constitucional al impedir que con consultas populares se veten la minería y la extracción de petróleo desató una ola de críticas en el departamento, justo cuando hay un candente debate frente a la delimitación del páramo Santurbán.

En Norte de Santander, el páramo está blindado para la explotación minera, no así en la parte que le corresponde a Santander.

La decisión judicial al darle la razón a la petrolera Mansarovar Energy Ltda, en tutela que interpuso en contra del Tribunal Administrativo del Meta, que en 2017 había dado vía libre a una consulta en la que se le preguntaría a los habitantes de Cumaral (Meta), estaban de acuerdo o no con que en allí hubiera exploración y explotación de hidrocarburos.

Así, el fallo de la Corte estableció que las consultas populares no pueden estar por encima de los intereses del país y que en ese sentido el Estado es el dueño del subsuelo.

Frente a lo anterior el coordinador de áreas estratégicas de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor), Sergio Iván Niño Hernández, dijo que el impacto de la decisión está en reversar una ganancia que tenía la sociedad civil de decidir sobre lo que sucede en su territorio.

“Si bien el subsuelo es del Estado, sobre el suelo vive gente y como se les va a impedir que actúen si es lo que los sostiene”, dijo Niño. “Se está perdiendo una posibilidad fuerte de control social a la minería”.

Frente al caso de Santurbán Niño dijo que el páramo está blindado a la minería, por cuanto en Norte de Santander se ha hecho un trabajo estructurado y se tienen áreas estratégicas bajo la figura de Parques Naturales Regionales.

El artículo 34 del Código de Minas establece como zonas excluibles de la minería a los parques y a las reservas naturales. 

Erwing Rodríguez-Salah, del Comité para la Defensa del Agua y Santurbán, dijo que frente a las consultas populares siempre han tenido prevención, por la gran posibilidad de que las empresas mineras coaccionen a la ciudadanía para que vote a favor de la extracción, sobre todo en municipios de Santander con tradición minera.

“Recordemos que aunque los proyectos mineros están en jurisdicción del páramo, los afectados residen en los centros urbanos”.

Los habitantes de Mutiscua, en su mayoría, viven de la agricultura y se estima que a la semana se producen 350 toneladas de productos, con destino a Cúcuta y a Bucaramanga.

Consulta en Mutiscua

La alcaldesa de Mutiscua, Ana Dolores Solano, municipio donde está en curso una consulta popular para que la vocación del suelo sea agrícola, dijo que “el Estado está limitando en las herramientas para que los mandatarios y el pueblo puedan blindar su territorio”.

El presidente de la Asociación de Propietarios de Predios en Santurbán (Asosalados), Germán Salamanca, dijo que la consulta fue avalada por el Concejo de Mutiscua y se está a la espera de la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo de Norte de Santander.

“El 72 por ciento del municipio está en zona de páramo y lo que buscamos es que el Gobierno nos permita hacer agricultura en la línea de páramo, bajo prácticas sostenibles”.

De acuerdo con Salamanca el buen estado de conservación es gracias a la labor de los compesinos.