Hay preocupación entre habitantes y autoridades locales de Tibú por la posibilidad de que Ecopetrol cese  sus operaciones en la zona ante los constantes robos y problemas de seguridad de que ha sido víctima la petrolera.

Corina Durán, alcaldesa del municipio petrolero, dijo que sería lamentable si Ecopetrol detiene la producción en el campo Tibú, significando un golpe muy grave a las finanzas por las regalías que la empresa entrega al fisco municipal y que se traducen en inversión social e infraestructura.

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Así mismo, porque esto afectaría el empleo, ya que en la localidad más de 1.000 familias dependen de manera directa e indirecta de las actividades que allí se desarrollan,   sin contar con los beneficios que obtienen los labriegos en las veredas con las inversiones que hace la empresa.

Según Ecopetrol, el campo Tibú produce en la actualidad alrededor de 2.000 barriles de petróleo por día y genera 520 empleos al mes, de los cuales el 86 por ciento es mano de obra local. La operación de la compañía en 2019 generó regalías a Tibú por más de $3.900 millones.

“Es muy lamentable que Ecopetrol se llegara a retirar del municipio teniendo en cuenta que sus regalías significan un ingreso importante para el desarrollo local y para su economía”, según Corina Durán. 

Agregó que desde la administración han hecho todos los esfuerzos con la fuerza pública, lo que se ha plasmado en los diferentes consejos de seguridad, con el propósito de brindar a Ecopetrol y las firmas aliadas que están en la localidad garantías de seguridad para que puedan operar sin que se vea afectada la integridad del personal, salvaguardando igualmente  la infraestructura.

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La alcaldesa explicó que han solicitado al gobierno departamental la intervención para que una decisión  de esta naturaleza no llegue a tomarse, haciendo un llamado igualmente a la compañía petrolera para que reconsidere cualquier decisión y siga creyendo en los tibuyanos y demás habitantes del Catatumbo ajenos al  daño que de manera sistemática han podido hacer a Ecopetrol unos pocos que podrían ser ajenos a la región. 

Juan Felipe Corzo, secretario de Gobierno departamental, dijo que mañana se cumpliría un consejo de seguridad liderado por el Gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, donde se buscarán soluciones a lo que está ocurriendo en los campos Tibú y Sardinata. 

Agregó que Ecopetrol  les hizo entrega de un informe completo sobre todos los vehículos que les han sido hurtados y demás implementos y maquinaria con la que llevan a cabo la producción de crudo, y que en ese sentido entraron en contacto con la fuerza pública para redoblar los temas de seguridad, protección y acompañamiento a las funciones de la empresa  en la zona.  

En los últimos días ha sido reforzada la presencia militar en la vía Astilleros-Tibú, así como en otros puntos del departamento donde hacen presencia los soldados de la Brigada 30, la Fuerza de Tarea Vulcano y la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra No3), reforzando el cubrimiento y la protección a todos los bienes que pertenecen a Ecopetrol. 

El secretario de Gobierno dijo finalmente que están en constante comunicación con el gerente de Ecopetrol en Norte de Santander,  Martín Galvis, quien los mantiene al tanto de todas las situaciones, para articular con la fuerza pública cualquier acción y los operativos tendientes a mejorar la seguridad para los trabajadores y directivos de Ecopetrol en el Catatumbo. Ecopetrol advirtió que los delitos cometidos contra los bienes de la empresa ponían en riesgo empleos, inversión y operación en la región, donde en lo corrido de 2020  se han registrado 122 hurtos de maquinaria, cables eléctricos, equipos, válvulas, tuberías por  parte de la delincuencia en los campos Tibú y Sardinata.

Resaltaron que  31 camionetas han sido robadas este años, de las 50 asignadas a funcionaros directos y aliados, entre ellas 8 la última semana, por  lo que reiteraron el llamado a la autoridad competente a fin de que sean reforzadas las acciones contra esas bandas delictivas que estarían detrás de los hechos.

“La consolidación de grupos delincuenciales en las áreas operacionales de la empresa en Tibú podrían generar restricciones para el desarrollo de actividades en campo e inclusive conducir al futuro cierre de actividades con fuertes impactos económicos y sociales para los habitantes de la región”, dijo Orlando Mauricio Sánchez, gerente del campo Tibú.

   La empresa petrolera podría retirarse de la zona por las reiteradas afectaciones a sus bienes e infraestructura en el campo de Tibú.

Explicó que por todo lo ocurrido en la zona se encuentran en riesgo 520 empleos que genera la operación de explotación, así como la adquisición de bienes y servicios a los empresarios locales por $19 mil millones anuales y los impuestos por más de $7 mil millones que aportan los campos Tibú y Sardinata al municipio de Tibú.

Explicó, que los robos de equipos asociados a la infraestructura están a punto de hacer inviable la producción de 700.000 pies cúbicos diarios de gas de los campos Tibú y Sardinata para abastecer el consumo de gas domiciliario, comercial e industrial tanto de Tibú como de Cúcuta, ciudad donde hay una alta demanda del servicio. 

Lo anterior sin contar que en los últimos meses se ha registrado un aumento en la manipulación ilegal de la infraestructura para el robo de hidrocarburo en pozos, líneas y estaciones, así como el hurto de los vehículos para operación y de componentes mecánicos y eléctricos de las estaciones y pozos, según Sánchez.

El directivo manifestó que cuando ocurren este tipo de acciones ilegales, como el caso del hurto de las camionetas al servicio de la empresa, los trabajadores son víctimas de intimidación con armas de fuego e incluso han sido retenidos y posteriormente despojados de sus materiales de dotación, equipos, herramientas de trabajo y sus bienes personales.

Por su parte Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos, compañía filial del Grupo Ecopetrol, que opera el oleoducto Caño Limón-Coveñas, informó que este año esa infraestructura  ha tenido  24 atentados y le han sido instaladas 38 válvulas ilícitas para un total de 62 eventos ocasionados por terceros.

“En cada uno de nuestros comunicados hemos rechazado estas acciones ilícitas y hacemos siempre un llamado para que cesen estos delitos contra la infraestructura que ponen en riesgo la integridad de las personas, generan graves consecuencias al medio ambiente y afectan las actividades de las comunidades y de la industria petrolera”. 

 El oleoducto Caño Limón-Coveñas ha sufrido este año varios atentados dinamiteros. Fotos cortesía