Una nueva sentencia de la Corte Constitucional sobre la reubicación de una estación de Policía, por ser considerada un lugar que pone en riesgo la vida de los habitantes de una vereda de Cauca, al ser blanco de ataques de la guerrilla, revivió el debate en Norte de Santander.

La Corte Constitucional ordenó a la Policía y al ministerio de la Defensa que en 30 días traslade la estación de policía de la vereda Campo Alegre, en el corregimiento El Mango, Cauca, “a un lugar que no ponga en riesgo la vida e integridad de los habitantes del sector”.

Según la Corte, la estación “no podrá estar ubicada en la proximidad de las viviendas de la zona” y ambas entidades deberán diseñar nuevas estrategias de defensa para evitar la desprotección de los habitantes.

Para el caso regional, El Carmen, Teorama, San Calixto, Hacarí y el corregimiento Las Mercedes, en Sardinata, son localidades en las que los hostigamientos hacia la fuerza pública son constantes, y las autoridades civiles claman que la población esté a salvo de ataques.

Diógenes Quintero, personero de Hacarí, manifestó que si bien la comunidad comprende la dinámica de la guerra, el fuego cruzado es el peor riesgo.

Aunque para Quintero no se debe dejar desprotegida la población civil, hay alternativas para evitar los desplazamientos nocturnos de quienes habitan en inmediaciones de la estación.

Por su parte, el alcalde Milcíades Pinzón urge apresurar el diálogo entre la insurgencia y el Gobierno Nacional.

En Teorama, la alcaldía ya comenzó a decidir, a través del Comité de justicia transicional, por los constantes ataques y amenazas hacia el comando de Policía.

Allí, se acordó activar un plan de contingencia que incluye rutas de desplazamiento, e intervenciones de la alcaldía y la Personería, así como las entidades internacionales para realizar el registro y caracterización de quienes requieran apoyo. 

Aunque no se ha contemplado un desplazamiento masivo, la comunidad teme que los ataques se intensifiquen, como ocurre en Las Mercedes.

Luis Camacho, concejal de Sardinata, expresó que si bien la decisión está en manos de la Corte, lo ideal es que las condiciones de vida mejoren tanto para los habitantes, como para los uniformados.

“Ellos están en una situación precaria, incómoda, y la comunidad con el temor de que pase lo peor”, dijo, recordando como cada noche, al igual que en Hacarí, los ciudadanos se refugian en otras viviendas.

“El concejo no tiene objeción en que los trasladen a un sitio que les permita estar pendientes de la seguridad, y que sirve para proteger a nuestros vecinos”, agregó.

Al igual que los alcaldes y personeros, aseveró que el corregimiento no puede quedar sin autoridad.

Si la Corte falla en favor de la reubicación, todavía quedan dudas sobre el lugar más apropiado para este fin.

Por ahora, ningún miembro de la comunidad quiere tener la estación cerca a su vivienda, más aún cuando este año se han registrado más de tres hostigamientos.

Preliminarmente, se sugirió que la zona de ubicación fuera o cerca al lote del cementerio, o en donde hay un relleno sanitario.

Sin embargo, no hay decisión final mientras la Corte no se pronuncie, se espera, teniendo en cuenta algunas cartas enviadas por las juntas de acción comunal y la Diócesis Católica de Tibú, en relación con el riesgo de tener la estación en el corazón del pueblo.

Por su parte, las autoridades de Policía solo se pronunciarán cuando se dé la determinación por parte de la Corte Constitucional.

La Opinión