Las extorsiones que deben pagar los vendedores ilegales de gasolina, las amenazas de las que son víctimas los defensores de derechos humanos y los riesgos evidenciados para quienes trabajan por la paz en el departamento, tienen en alerta a quienes lideran estos procesos.

Debido a esta situación, ayer  se efectuó una reunión entre algunas de estas personas con el director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Mora.

Durante el encuentro, la Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos solicitó que se revisaran 17 casos de personas en condición de riesgo.

Algunos de ellos, no tienen esquemas de protección y siguen reportando amenazas, mientras que otros sí están protegidos pero han tenido algunos inconvenientes.

Enrique Pertuz, coordinador de la Red, indicó que además se pidió a Mora colaboración con un esquema colectivo que beneficie al sindicato de vendedores informales de gasolina, Sintragasolina.

La razón: en los últimos cuatro años se han registrado 14 homicidios de sus integrantes.

Además, Abel Correa, representante del mismo, “fue secuestrado hace dos años en Escobal y lo alcanzaron a pasar hacia Ureña”.

“Ellos también deben pagar a las bandas criminales y sus vidas están en permanente riesgo”, agregó Pertuz.

En el encuentro, también se hizo referencia a otros sindicalistas, a los líderes comunales que han recibido sufragios a escasos días de que se realicen las elecciones para ocupar estas dignidades, y también se pidió apoyo por tres casos de Puerto Santander y otro más en Ocaña.

Por su parte, Mora expresó que se acordó revisar cada uno de los casos y el funcionamiento de las medidas de protección con “situaciones que se pueden resolver como estaciones de combustible que no prestan el servicio, o quejas de mal funcionamiento del esquema”.

“Personalmente revisaré cada estudio de riesgo y se agilizarán algunos procesos”, comentó. “Hay un ascenso en las amenazas en los últimos meses y es una coyuntura que se está incrementando en varias zonas del país, pero especialmente en la provincia de Ocaña y Catatumbo”.

*La Opinión