Durante la cuarentena por la pandemia de COVID-19, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) no ha dejado de acompañar a las víctimas de la violencia y es por eso que en Norte de Santander ha atendido a 58, entre asesorías técnicas de proyectos productivos, apoyo psicosocial y Peticiones Quejas Reclamos y Solicitudes (PQRS).

Precisamente, en medio de esta crisis sanitaria, este 10 de junio arribó a su noveno aniversario la Ley 1448 de 2011 de Víctimas y Restitución de Tierras, la cual dio vida a la URT como entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que ha trabajado para que más de 380.455 hectáreas hayan sido devueltas a 70.277 sus poseedores tras ser despojados.
 
En el marco de esta fecha, Andrés Castro, director general de la Unidad, afirmó que la restitución de tierras es un proceso de justicia transicional que ha avanzado de forma contundente para reparar de manera integral y garantizar el retorno al campo. 

“Con la restitución se hace justicia y se abre un camino de emprendimiento en las zonas rurales de nuestro país. Los campesinos volvieron, recuperaron e hicieron productivas sus tierras y cuando se produzca el último fallo serán restituidas tres millones de hectáreas, eso nunca se había hecho en la historia del país”.

Al ofrecer un balance del trabajo desarrollado, el funcionario recordó que en nueve años de la ley han sido restituidas 2.867 hectáreas de tierra en Norte de Santander.

También precisó que 37 de los 40 municipios del departamento, uno de los más golpeados por el conflicto armado, tienen solicitudes de restitución. Los otros tres, que son Cácota, Mutiscua y Villa Caro, no reportan.

En este lapso se registran, en la región,  5.011 solicitudes de inscripción en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados, 3.179 de ellas habilitadas, 922 casos en trámite y 691 peticiones presentadas ante los jueces de Restitución de Tierras.

Castro destacó que son 812 beneficiados en nueve años con la labor implementada por la URT y se han adjudicado 45 proyectos productivos de ganadería, cacao, frutales, café y cereales, con una inversión de $ 1.327 millones.

La Unidad indicó que en Norte de Santander se destaca la presentación de la demanda étnica, única en su género en la región, lo que se convierte en un hecho histórico, al buscar restituir el derecho territorial a dos pueblos indígenas del Catatumbo: el Motilón Barí y el Catalaura La Gabarra. Se buscan restituir 194.000 hectáreas, beneficiando a 5.53 familias.

“En el más reciente Subcomité de Justicia Transicional, convocado por la Gobernación de Norte de Santander, se resaltó la construcción de la carretera de acceso a la vereda El Albarico de El Zulia, la cual hace parte de la primera sentencia colectiva de restitución de tierras”.

Igualmente, subrayó que el año pasado se aprobaron, a través del OCAD PAZ, recursos por más de $3.000 millones para la adecuación de placahuella, con el fin de ser la vía de la salida de los productos lácteos y frutales con los que subsiste la comunidad de El Albarico, teniendo en cuenta que el proyecto productivo otorgado por la URT es de ganado de levante y ceba.

Balance nacional

El director de la URT sostuvo que la restitución de tierras como proceso judicial ha resuelto casos de miles de hectáreas, la primera sentencia en la historia de la implementación de la ley fue en 2012 a favor de 31 familias del corregimiento de Manpuján, en el municipio María La Baja, Bolívar. 

La Ley 1448 ampara a los grupos étnicos que son sujetos de restitución. En el Gobierno de Iván Duque se presentó el 40% del total de las demandas necesarias para restablecer los derechos de las comunidades étnicas en el país. A la fecha han sido presentadas 68 demandas que han favorecido a 10.175 familias indígenas y afrocolombianas y los jueces han proferido 18 sentencias étnicas, que han permitido la entrega de 225.128 hectáreas de tierra.

Castro explicó que los procesos de restitución se vienen desarrollando en más del 80% del territorio nacional, gracias a la gestión y el acompañamiento del Ministerio de Defensa y en las zonas a donde no se ha podido llegar, generalmente por temas de orden público, se avanza gracias a la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el acompañamiento de la Fuerza Pública.

Durante los nueve años de restitución se han recibido 125.469 solicitudes y se han inscrito 28.622 casos en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), se han presentado 10.483 demandas ante los jueces especializados, 20.907 casos fueron llevados ante los jueces y magistrados para su análisis y posterior decisión.

Además, 5.758 sentencias de restitución fueron proferidas por los jueces y magistrados.

La entidad ha logrado poner en marcha 4.462 proyectos productivos, los cuales se han convertido en fuente de empleo y bienestar para las familias restituidas. Para el avance de estos planes, la Unidad ha invertido $120.500 millones en emprendimientos de agricultura y ganadería, logrando, en algunos casos, que los productores se vuelvan exportadores.

Finalmente, Andrés Castro añadió que la vigencia de la Ley 1448 de 2011 se planteó inicialmente para 10 años. No obstante, se amplió por parte de la Corte Constitucional hasta el 7 de agosto de 2030.