La confrontación armada que persiste en el Catatumbo y que en los últimos meses se ha trasladado a la zona rural de Cúcuta, así como a otros municipios del área metropolitana, mantiene en un riesgo inminente a la población que habita estos territorios.

Por si fueran poco las masacres y las reiteradas muertes selectivas a las que han tenido que enfrentarse a lo largo del año, lo que a su vez ha desencadenado el desplazamiento de decenas de familias en busca de protección, un monstruo aún más despiadado los persigue y los mantiene llenos de temor: el del reclutamiento forzado.

Las cifras oficiales en Norte de Santander sobre este flagelo no son claras. El miedo a denunciar los casos ocurridos ahora y los del pasado impiden tener un registro preciso de lo que viene sucediendo. Hay temor a represalias.

En febrero, la Red Nacional de Información ubicó a Tibú como el municipio con mayor número de menores vinculados a grupos armados ilegales durante 2019, entre una lista de nueve localidades. En ese momento los casos sumaban 28.

El indecoroso grupo lo completaban El Tarra con 26 casos, Cúcuta 22, Cáchira 16, Hacarí 15, Sardinata 11, Teorama 10, Ocaña 9 y San Calixto con 7.

También a comienzos de este año, el Observatorio para la Protección de los Derechos y Bienestar de los niños, niñas y adolescentes (OPROB), presentó un informe en el que daba cuenta de que Tibú, La Gabarra y El Tarra son algunas de las poblaciones con mayor riesgo de reclutamiento forzado de menores. 

A nivel nacional, el Gobierno Nacional informó recientemente que, de acuerdo con datos entregados en el último informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU), de diciembre de 2019, un total de 672 menores de 18 años se vieron afectados en incidentes durante el periodo comprendido entre julio de 2016 y junio de 2019.

Allí se agrega que adolescentes de entre 13 y 17 años de edad, incluidos cinco venezolanos, fueron reclutados y utilizados en 12 departamentos del país.

“Además, entre 2016 a lo corrido del 2020, el ICBF ha recibido 917 menores desvinculados de estos grupos armados. Las Fuerzas Militares han recuperado 539 menores de edad entre 2018 y 2020”, señala un documento de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos.

Entre tanto, la oficina del Secretario General de Naciones Unidas sobre la Niñez y los Conflictos Armados, reportó que entre 2018 y 2019, el Eln fue el principal reclutador de menores, seguido por las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

Un delito que escala en silencio

Enrique Pertuz, coordinador general de la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos, CORPOREDDEH, señaló que si bien el reclutamiento forzado en el departamento, y especialmente en el Catatumbo, es una realidad y los casos son reiterados, este es un delito que escala en medio del silencio de las víctimas.

(La falta de oportunidades convierte a los menores en carne de cañón de los grupos armados.)

El defensor de derechos humanos aseguró que, por ejemplo, desde hace algún tiempo es sabido que en Los Patios funciona una oficina de reclutamiento de Los Rastrojos, pero que quienes han sido víctimas de ella no se atreven a denunciar.

“Por Facebook hacen el reclutamiento. Ofrecen un millón de pesos para ir a recolectar café y se llevan a los muchachos y a las muchachas. Yo tuve aquí en la oficina a cinco familias que vinieron a hablar conmigo sobre eso, pero no quisieron denunciar ante la Fiscalía, porque les da miedo y prefieren guardar silencio”, señaló Pertuz.

Dijo que en el Catatumbo también ha conocido casos de campesinos a quienes se les han llevado sus hijos e hijas de entre 13 y 14 años, pero cuando les recomiendan interponer las respectivas denuncias prefieren callar, puesto que aseguran que esto les implicaría salir desplazados de sus tierras.

Pertuz recordó que uno de los casos más recientes de los que se tiene cuenta en el departamento es el de los seis pescadores de Saloa (Cesar) que fueron reclutados, al parecer, por Los Rastrojos, y uno de ellos apareció muerto en Palmarito, en la zona rural de Cúcuta. 

Tal y como lo contó La Opinión en abril pasado, los jóvenes habrían sido contactados por un grupo armado ilegal, bajo el ofrecimiento de una considerable suma de dinero, aprovechando la falta de oportunidades laborales en su pueblo, y terminaron haciendo parte de las filas de esta organización delincuencial.

Las alertas

El pasado 13 de marzo, la Defensoría del Pueblo le remitió a la ministra del Interior, Alicia Arango, la alerta N° 011-2020, de inminencia, “debido a la situación de riesgo de vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que enfrentan los habitantes de la zona rural de Cúcuta”.

En uno de los apartes del documento, la entidad del Ministerio Público señalaba que la población civil se encontraba en un grave riesgo por los posibles enfrentamientos entre miembros del Eln y Los Rastrojos.

Así mismo, advirtieron que, ante este mismo escenario, era posible la ocurrencia no solo de homicidios, confinamiento e imposición de restricciones a la movilidad, sino el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, recomendaron la intervención urgente de las autoridades del orden nacional, departamental y municipal, dirigida a implementar medidas de prevención y protección.

En febrero, la Defensoría emitió también una ampliación de la alerta temprana 24 de 2019, poniendo de manifiesto el riesgo inminente en municipios como Bucarasica y Sardinata. En el documento se detalló que en este último municipio fueron detectados algunos núcleos familiares en los que “los niños y niñas, hijos e hijas también eran victimizadas y se encontraban en riesgo de utilización y reclutamiento forzado” por parte del Epl.

Además, indicaba que la población migrante se encontraba en grave riesgo. “(...) entre ellos las niñas y los niños, así como los y las adolescentes y población joven tienen mayor riesgo de ser víctimas de utilización y reclutamiento forzado, entre otras, por los altos niveles de desescolarización”.

Una alerta temprana similar fue elevada en septiembre de 2019, frente a la situación de riesgo para los menores de Puerto Santander, en el área metropolitana de Cúcuta. 

“Las niñas, niños y adolescentes que viven en este municipio se enfrentan a la presión permanente que ejercen los grupos armados que inicialmente, mediante el encargo de “mandados”, van involucrando a los jóvenes en actividades de los grupos armados, les reconocen pequeñas recompensas por las tareas que ejecutan y les ofrecen rápidamente mayor responsabilidad en la comisión de hechos violentos y el cobro de extorsiones, así como el microtráfico de drogas”, dice la alerta.

A raíz de esta situación, se conminó a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, al ICBF y a la Alcaldía de Puerto Santander, a desarrollar acciones de prevención temprana del reclutamiento, la utilización y la violencia sexual contra los menores por grupos armados ilegales.