Las riquezas de esta tierra buena, fueron descubiertas en 1905, cuando el gobierno de Rafael Reyes (1904-1909) otorga al general Virgilio Barco, la concesión de explotación de los recursos petroleros en la región del Catatumbo. Contrato que al final, como siempre, termina en manos de multinacionales estadounidenses.

Cinco años más tarde fue creado nuestro departamento. Al tiempo que se desarrollaba la industria petrolera del país, los problemas de miseria y pobreza de los habitantes de la región se acentuaban, pues el Estado se hacía presente a través de una fuerte militarización de las zonas de explotación. Desde 1931, el Gobierno Nacional ya había asumido compromisos de defender incluso con las armas, a las compañías petroleras de los ataques indígenas.

Más de un siglo después las cosas han cambiado poco. Crece la presencia de la fuerza pública, como la más importante representación gubernamental en la región. Crecen los indicadores de pobreza y miseria. Crecen los niveles de desconfianza ciudadana hacia un Estado, que no hace otra cosa que acumular la enorme deuda social con la región.  

Pero no pretendemos aquí seguir lloviendo sobre mojado. Todo está dicho acerca de las problemáticas que aquejan la región. Vamos a olvidar por un momento la guerra, la violencia desenfrenada, la corrupción política, la coca, los narcos, los cultivos ilícitos, el saqueo de los recursos naturales y la desidia gubernamental. Esto y más lo conoce bien el Estado, la sociedad civil y el Gobierno Nacional. Queremos abordar las dificultades del Catatumbo, desde una perspectiva de solución.

Lo primero que hay que hacer es otorgar una mayor interlocución a la ciudadanía organizada, que en la región son las juntas comunales, las asociaciones de productores, las organizaciones de mujeres, de jóvenes, de víctimas, es decir, tener en cuenta por primera vez a las distintas formas de agremiación del territorio. Estas han  acumulado años de lucha social por sus derechos, procurando atenuar (aunque sin excluir) la intermediación política y social.

El contexto violento hace necesario que se promueva una representatividad social que no responda solo a los objetivos de control local por parte de los actores armados.

Recuperar la presencia integral del Estado en la Región del Catatumbo debe ser un objetivo prioritario en el postconflicto. La guerrilla viene usurpando o coartando muchas funciones del Estado y de otra parte la región se queja a su vez de la poca presencia institucional para intervenir el territorio. En el escenario de la consolidación de acuerdos de paz, se hace necesario que el Estado cubra de forma rápida y efectiva la zona, no solo para efectos de preservar la seguridad sino para generar una amplia intervención en materia de política económica y social que permita legitimarse frente a unas comunidades que se quejan por su ausencia.  

El principal vínculo de intereses que liga a una parte de la población del Catatumbo con los grupos armados es la economía cocalera. Si esta economía ilegal subsiste, la ausencia de actores armados que regulan y se lucran del negocio simplemente será substituida por otro.

El debilitamiento actual de la rentabilidad del negocio para el campesino, el proceso de paz con las FARC y la posible mesa con el ELN, es una coyuntura para plantearse de forma efectiva la sustitución.

Estas políticas de sustitución deben ser capaces de encontrar alternativas productivas que puedan competir con los incentivos que a juicio de los actores locales ofrece el cultivo de coca: financiación, precios estables y facilidades de comercialización. La ejecución de una política de este tipo pasa porque el Estado y sus instituciones generen confianza y credibilidad entre las comunidades.

Las inversiones para la paz, de las que tanto hablan funcionarios del gobierno nacional, pero que hasta el momento han sido nuevamente solo promesas, deben ser suficientes a la magnitud de los problemas más sensibles que tiene la región, debidamente concertadas con las comunidades y diseñadas de acuerdo a criterios técnicos.

Un aspecto clave de estas iniciativas es que se blinde a estas posibles inversiones frente a la corrupción. La tradición política regional y la debilidad institucional sugieren que los riesgos de apropiación particular de estos recursos son muy altos.

En principio las alcaldías son las llamadas a asumir esta tarea. Sin embargo las redes clientelistas, que funcionan a la perfección en un territorio controlado por décadas por las guerrillas, hacen muy improbable una gestión exitosa. Recomendamos, explorar la creación de una instancia que evite la intermediación de los agentes de la política tradicional pero que sea capaz de convocar y generar consensos entre los principales actores políticos, sociales y económicos.

La región requiere de formas más efectivas de gobierno y con mayor transparencia. Tanto la transparencia como la efectividad necesitan información y datos tanto para darle a la ciudadanía herramientas de control sobre la gestión de sus gobernantes como para que los alcaldes y otros niveles del Estado tomen mejores decisiones de política pública.

Los esfuerzos aquí deben estar enfocados en garantizar una oferta pública educativa de nivel técnico y superior, sostenible y permanente que vaya más allá de los programas coyunturales.  

Por último, insistiremos acompañados de muchas voces en la región, en la necesidad de continuar haciendo los esfuerzos necesarios para que el gobierno nacional establezca y defina diálogos con la guerrilla del EPL.

Si bien algunos dudan de su racionalidad política, otros, sobre todo los catatumbólogos de Bogotá, que hacen eco de las estrategias oficiales, señalan que las acciones de este grupo no obedecen sino a cosa distinta que usufructuar la economía cocalera.

Pero la existencia de procesos de construcción de base social y política, de una retaguardia estratégica, de tener un mando unificado político-militar, de desarrollar sus acciones militares sostenidas en el tiempo y el control territorial que ejercen en el territorio, amerita plantearse una negociación, con el único objetivo de evitar hacia el futuro un nuevo circulo de violencia social y política.

*Wilfredo Cañizares