Que se concrete un gran pacto regional de sustitución de cultivos de uso ilícito es la meta del gobierno departamental y las organizaciones sociales que buscan sustituir la coca, con miras a generar condiciones para salir de este cultivo, eso sí, incluyendo a Cúcuta y El Zulia.

Según el secretario departamental de Gobierno, Édgar Pallares, esta sería una estrategia favorecedora y con un componente político importante, en el que se comprometerían la institucionalidad y las comunidades, con el imperativo de que se tenga en cuenta el equilibrio de los ingresos de los campesinos que van a sustituir.

“No podemos hablar de un pacto de sustitución si no hay una alternativa económica para las comunidades”, enfatizó, durante la búsqueda de soluciones a la movilización ocurrida ayer en la ye de la vereda Astilleros (El Zulia).

Juan Carlos Quintero, de la Asociación Campesina del Catatumbo, dijo que la propuesta de las comunidades coincide en la búsqueda de un escenario de discusión “para acertar en la salida a la sustitución”, que involucre a los nuevos funcionarios del gobierno del presidente Iván Duque.

“Esperamos que un pacto regional confirme que hay voluntad, que hay que persistir  en ese acuerdo de Estado de cambiar el enfoque militarista por un enfoque social”, dijo. 

Según Quintero, en el caso de Cúcuta y El Zulia, el gobierno “se ha excusado” en decir que no son municipios priorizados, “pero insistimos en que son igual de pobres, han sufrido el conflicto armado, y están abandonados”, y conminó al Gobierno Nacional a incluir a Cúcuta en las Zomac (Zonas más afectadas por el conflicto armado), ya que El Zulia sí pertenece a estas zonas.

Recordó que en el área metropolitana hace falta reconocer el problema, pues “está en las goteras de Cúcuta, y no en las profundidades del Catatumbo”.

Sin embargo, la inclusión de Cúcuta y El Zulia en el Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis) no sería sencillo, dadas las condiciones jurídicas, las dificultades propias del programa, y la eficacia de un modelo de sustitución “que incluya a todas las comunidades que en este momento derivan su subsistencia de los cultivos de uso ilícito”, dijo Pallares. 

“Lo que queremos es articular esfuerzos municipales, departamentales y nacionales para que el modelo de sustitución sea la prioridad para el Gobierno Nacional”, expresó.

Pese a ello, la insistencia es clara, no solo de los cultivadores sino de la misma institucionalidad, pues según el secretario de Seguridad Ciudadana de Cúcuta, Mauricio Franco, “fue un error no haber tenido en cuenta a Cúcuta en los programas de sustitución”.

Avanzará el diálogo

Tras una mesa de diálogo institucional con las organizaciones, se acordó que el diálogo continuará, tanto en la región como en el orden nacional.

En este sentido, el gobernador William Villamizar anunció que el próximo miércoles se realizará una reunión preparatoria para concretar un encuentro con los gobernadores de regiones con cultivos de uso ilícito, como Nariño, Cauca, y Putumayo, la Defensoría del pueblo, Fiscalía, organizaciones internacionales, de derechos humanos y entidades territoriales “para buscar caminos que permitan la sustitución y que se logre erradicar los cultivos, pero no de manera forzada ni con fumigación”.

El mandatario reiteró que la sustitución conllevará al progreso y el desarrollo, y pondrá fin a “la muerte, la desolación y la violencia que trae la coca”.

Los procesos de erradicación forzosa manual, que desataron la protesta, serán suspendidos por 8 días.