Una mesa de diálogo con la participación de líderes campesinos, autoridades civiles, militares y eclesiásticas con el propósito de analizar el impacto social, económico y ambiental de la erradicación de cultivos ilícitos proponen los alcaldes de la zona del Catatumbo.

Los mandatarios de El Tarra, Hacarí, Tibú, Teorama, San Calixto, La Playa de Belén, y Sardinata, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad llegan hasta el municipio de Convención para analizar el documento emitido por el Ministerio de Defensa y proponen al gobierno central, la instalación de una mesa encaminada a concertar acciones para el territorio que permitan  replantear el programa de erradicación, incluyendo una sustitución voluntaria y gradual, acompañada de una política de desarrollo rural integral.

Expresan la preocupación por la aspersión terrestre de los cultivos de uso ilícito y hacen hincapié en la importancia de atender las recomendaciones por la pandemia generada por la COVID-19 para evitar riesgos a la salud pública de las comunidades, teniendo en cuenta que la red hospitalaria de la región no es suficiente.

El grupo de alcaldes de esta región habitada por más de 300 mil habitantes, esperan decisiones concretas por parte del gobernador de Norte de Santander Silvano Serrano y funcionarios del alto gobierno para buscar alternativas frente a esta crisis social.

Soluciones de fondo

Los alcaldes hacen eco de las inquietudes de los campesinos de la región y esperan una salida concertada al conflicto social presentado en los últimos años.

La vocería estuvo a cargo del primer mandatario de El Tarra, Jair Díaz Peñaranda, luego de la notificación del gobierno nacional del inicio del proceso de erradicación de los cultivos de uso ilícito en dos modalidades una de aspersión terrestre y la otra de manera manual.

“En este momento, los alcaldes en el marco de los municipios PDET y además de la Asociación de municipios estamos buscando la alternativa para hacer un llamado al gobierno nacional y departamental para instaurar una mesa y llegar a unos puntos donde tengan los campesinos la oportunidad de expresar las preocupaciones y minimizar los riesgos de contagio por la pandemiala COVID-19”, comentó.

Rechazo total en el Catatumbo   

 Campesinos del Catatumbo Desarrollan asambleas permanentes y anuncian movilizaciones para frenar el proceso de erradicación de cultivos.  

Las decisiones generan sin duda alguna, reacciones sociales donde los campesinos de la zona del Catatumbo promueven asambleas y movilizaciones para rechazar la aspersión de cultivos ilícitos anunciada por el Ministerio de Defensa Nacional.

Los labriegos consideran que ese procedimiento agudiza el conflicto social y solicitan al gobierno nacional cumplir con los acuerdos de paz donde se habla de una erradicación gradual y concertada.

Los alcaldes se suman a esa petición ya que se requiere una política agropecuaria para mejorar las condiciones de vida de los cultivadores de la región.

Además, la llegada de personal extraño a la región puede propagar el coronavirus en aquellos municipios no COVID y en donde los mandatarios y líderes comunales hacen el esfuerzo para evitar el contagio. 

Los líderes sociales manifiestan que se repite la historia de principios de siglo cuando acabaron con cultivos de pan coger, fauna, flora, contaminaron las fuentes hídricas e incluso afectó la salud de los campesinos de la región con el uso desmedido del glifosato.

 El presidente de la Asociación de la Unidad Campesina del Catatumbo, Olger Antonio Pérez Quintero, censura la decisión del gobierno nacional e indica que la problemática del conflicto social es de carácter estructural y lleva más de cinco décadas en la región.

 Insiste que el problema es de carácter estructural producto del abandono secular del Estado durante los últimos 50 años.

Tutela frena aspersiones aéreas

En medio de la polémica registrada en la zona del Catatumbo, el Tribunal Administrativo de Nariño ratificó en segunda instancia el fallo a favor de 93 organizaciones sociales del país que presentaron una acción de tutela donde se suspende el trámite necesario para el regreso de las aspersiones aéreas con glifosato.

 Entre las asociaciones se destacan Cocam, Anzorc, Ascamcat, Colectivo abogados Cajar, entre otros que interponen la acción legal por la violación de los derechos relacionados con el debido proceso, a la consulta previa, participación y acceso a la información de las comunidades en los 104 municipios donde se pretendía la erradicación de los cultivos ilícitos bajo esa modalidad.

Integrantes de la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat celebran el fallo porque se deja claro que debe existir respeto por el derecho a la consulta previa en territorios donde habitan comunidades indígenas, afro y grupos étnicos.

El Tribunal ordena igualmente vincular a los ministerios del Interior, Salud, Medio Ambiente, Policía Nacional y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), porque alertan sobre la necesidad de una mirada integral sobre las afectaciones que produce la aspersión.

El fallo también menciona a la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría Nacional del Pueblo quienes deberán velar e interceder por los derechos de las comunidades dentro del trámite ante la Anla y ordena mantener suspendido el proceso hasta tanto se brinden garantías reales y efectivas de participación.