La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar a la Gobernación  de  Norte  de  Santander y las alcaldías de Cúcuta, El Carmen y Teorama, por  posible  incumplimiento  de la obligación de proteger, asistir, atender y reparar a la población  desplazada  por  la  violencia, entre 2012 y 2015.

La  Delegada  para  la Defensa de los Derechos Humanos inició el proceso disciplinario porque, al parecer, las entidades  departamentales  y  municipales  incumplieron  injustificadamente  con  sus  obligaciones  de  atención  integral a la población desalojada de su territorio, a pesar de  contar  con  los  recursos  suficientes para protegerla.

Con  esta  indagación se busca identificar a los po sibles  responsables  en  cada  ente territorial y verificar la ocurrencia  de  la  conducta,  para  determinar  si  es  constitutiva  de  falta  disciplinaria  y  si  se  actuó  al  amparo  de  una  causal  de  exclusión  de  responsabilidad.

La  acción  cobija  a  otras 19 gobernaciones y 34 alcaldías, y es la respuesta del Ministerio Público a la orden de la Corte de monitorear la reivindicación  de  los  derechos de los desplazados.