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Viernes, 21 Junio 2019 - 4:00pm

Procuraduría formula cargos contra alcalde de Villa del Rosario

Pepe Ruiz y dos funcionarios presuntamente cometieron irregularidades en contratos de prestación de servicios.

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Para la Procuraduría, Ruíz pudo haber incurrido en falta disciplinaria al presuntamente no adelantar los estudios previos, ni el análisis del sector, necesarios para la ejecución de los negocios jurídicos.
/ Foto: Archivo
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La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Pepe Ruiz Paredes, alcalde de Villa del Rosario, Norte de Santander, por presuntas irregularidades contractuales.

La medida también cobija al jefe de la Oficina Jurídica y de Personal, Edgar José Valbuena Monsalve, y a la subsecretaria de Asuntos Comunitarios, Familia y la Juventud, Lendy Liceth Martínez Velasquez.

La Procuraduría Provincial de Cúcuta le reprochó al alcalde el presuntamente haber desconocido los principios de planeación y economía al celebrar los contratos de prestación de servicios N° 037, 127 y 329 del 2016, sin que al parecer dejara claro cuáles eran las necesidades que si iban a satisfacer y las actividades que debía ejecutar el contratista.

Los contratos estaban dirigidos a cumplir con la "prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Subsecretaría de Asuntos Comunitarios en relación a las políticas juveniles desarrolladas por la entidad", por un valor total de $14 millones 400 mil pesos.

Para el ente de control, Ruíz Paredes pudo haber incurrido en falta disciplinaria al presuntamente no adelantar los estudios previos, ni el análisis del sector, necesarios para la ejecución de los negocios jurídicos.

Asimismo, formuló pliego de cargos a la subsecretaria de Asuntos Comunitarios y supervisora de los contratos y al jefe de la Oficina Jurídica y de Personal, por presunta omisión de sus deberes.

La Procuraduría Provincial les reclamó su posible desatención al proyectar para firma del alcalde los acuerdos contractuales, sin que estos, al parecer, contaran con la planeación, organización, coordinación y control requeridos por la normatividad vigente.

Para el Ministerio Público, los disciplinados habrían vulnerado los principios de transparencia, economía y responsabilidad que rigen y garantizan la función pública por lo que calificó las faltas, provisionalmente, como gravísimas a título de culpa grave.

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