Se trata de José Gustavo Quintero.
Procuraduría destituye por 10 años a exrector del Iser de Pamplona
El exrector del Instituto Superior de Educación Rural (Iser) de Pamplona, José Gustavo Quintero, fue destituido por la Procuraduría General de la Nación, que lo halló responsable de nueve cargos disciplinarios por irregularidades en el manejo administrativo del plantel.
El ente de control regional lo encontró responsable de una falta a título de dolo, por no actuar con responsabilidad en el desempeño de su cargo, no cumplir adecuadamente con sus funciones e infringir los principios de la contratación estatal.
En el informe que presentó la Procuraduría Regional de Norte de Santander precisa que entre las denuncias esta que Quintero fue responsable de comprometer más de 100 millones de pesos de la vigencia fiscal de 2012, recursos destinados en los proyectos educativos y extensión, sin contar con el flujo de efectivo necesario para ese compromiso.
Otro de los hallazgos que hizo el ente de control es que el rector concedió viáticos entre el 2012 y el 2013 a ocho funcionarios de la institución sin cumplir con los requisitos legales, o sin que tuvieran el derecho al beneficio.
El exrector del Iser de Pamplona además incumplió con el pago de la construcción de un techo y de unas adecuaciones al edificio de alojamiento del colegio. A dicha obra solo se le ha cancelado el 35 por ciento del valor del contrato.
En el reporte hecho por la contraloría regional se indica que el funcionario fue hallado responsable de la compra de un ecógrafo portátil y un autoclave para esterilización.
Estos equipos fueron incluidos en el inventario del plantel educativo; sin embargo, nunca fueron entregados al laboratorio veterinario del instituto superior rural. Ambos valorados en 12 millones de pesos.
El exrector Quintero firmó un contrato por 15 millones de pesos para el mantenimiento de los vehículos sin los estudios de conveniencia de ese gasto.
Además, firmó un segundo contrato para el suministro de gasolina y lubricantes para el parque automotor que tiene el plantel educativo. Este último contrato por más de 14 millones de pesos, y sobre el cual no se llevaba control de la cantidad de combustible recibido.
La procuraduría precisa que seguirá indagando en esclarecer responsabilidades de funcionarios en el ámbito educativo.
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