La Procuraduría Regional ha estado vigilante de los procesos de elección de los gerentes de las Empresas Sociales del estado (ESE) hospitales Emiro Quintero Cañizares, de Ocaña, y San Juan de Dios, en Pamplona, debido a las quejas sobre estos presentadas por la comunidad. Por tal razón inició las primeras pesquisas.

De acuerdo con Juan Carlos Bautista, jefe de este despacho, al Emiro Quintero Cañizares, el cual contrató a la Universidad de Pamplona para realizar el referido contrato de selección, le solicitaron copias de las hojas de vida de los primeros preseleccionados con sus respectivos soportes, con la intención de comprobar el cumplimiento de los requisitos básicos y la idoneidad de cada uno de ellos.

“De esta manera se le garantiza a la comunidad en general la elección de un gerente que cumpla a cabalidad con todas las expectativas”, expresó el procurador regional.  

Destacó que quienes han hecho saber su inconformismo al Ministerio Público argumentan que no entendían cómo sin haberse cumplido el proceso de elección del nuevo gerente para su ESE se daba por hecho que el ganador sería un exfuncionario público que, en apariencia, no cumple con los requisitos profesionales exigidos por la ley.

Respecto al trámite de selección en el San Juan de Dios, Bautista señaló que generó suspicacia en la Procuraduría la autorización otorgada por la junta directiva a la gerente de la época en una sesión, en la cual no hizo presencia el gobernador en su condición de presidente de la misma.

Agregó además que pretende conocer las explicaciones de orden legal por las cuales el proceso contractual con la Universidad de Medellín, para la realización del proceso de escogencia, nunca se realizó.

"Ante estas denuncias, ejerceremos nuestra función preventiva en forma directa, analizando el perfil de cada uno de los candidatos a la gerencia de estas ESE, para saber de primera mano si reúnen o no los requisitos”, enfatizó.

El procurador regional añadió que también pidieron “información para analizar los procesos contractuales realizados y evidenciar si los mismos cumplieron con los principios y exigencias de la contratación estatal”.

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