Después de la reunión del 21 de junio,  en la que una comisión integrada por la Gobernación de Norte de Santander, la Defensoría del Pueblo y delegados de la Organización de Estados Americanos (OEA) se desplazó al territorio para escuchar las quejas de esta comunidad del Catatumbo, la Fuerza de Tarea Vulcano (Fudra) emitió un comunicado en el que anuncia que trasladará una de sus bases militares ubicada en zona rural de El Carmen en Norte de Santander.

La razón, las denuncias hechas por los habitantes de El Carmen en contra de los uniformados, en las que se incluyen: ocupación de bienes indígenas, orquestar amenazas, graves hechos de tortura, registros ilegales a los habitantes, e incluso, de estar involucrados con intento de abusos sexuales. Así lo registró en un comunicado la misma comunidad.

“Que se comprometan a no volver ocupar los bienes comunes, ni nuestras fuentes hídricas, predios y viviendas, ni a restringir la movilidad de las comunidades; pues esta situación nos pone en riesgo inminente de ser objeto de ataques y se afecta gravemente nuestra supervivencia”, cita el comunicado.

A esto se suma la movilización pacífica que hizo la comunidad en la zona limítrofe entre Norte de Santander y Cesar, para exigir a los militares que salieran de la vereda El Edén, por los supuestos casos de abuso en los que miembros del Batallón de Operaciones Terrestre N. 10, extralimitaron sus funciones.

Sin embargo, el domingo  el Ejército Nacional emitió un comunicado en el que asegura que “la Fuerza de Tarea Vulcano informará a la opinión pública sobre la reorganización de las tropas y el desarrollo de las verificaciones que se adelanten ante las denuncias elevadas por la comunidad. Asimismo, reafirma su compromiso por el respeto y observancia de los derechos humanos”. Frente a las denuncias esgrimidas por los líderes de la población, la institución aseguró que se iniciará una investigación para determinar responsabilidades en estos hechos.

 Por ahora, continúa el proceso del acuerdo que se logró el pasado viernes, luego de desarrollarse un consejo de seguridad.

Cabe destacar que el Ejército Nacional ha sido cuestionado en varias ocasiones este año. En el Catatumbo, se recuerda el caso del desmovilizado Farc, Dimar Torres, quien fue asesinado en zona rural de Convención, allí la comunidad   denunció que miembros de un retén militar pretendían cavar una fosa para ocultar su cadáver. En este caso se indicó que un coronel y un cabo habían participado en el crimen.