La Fiscalía General de la Nación pidió a la Corte Suprema de Justicia investigar al representante a la Cámara por Norte de Santander, Wilmer Carrillo Mendoza, por posibles casos de corrupción que comprometen recursos del sector de la salud y la ética de servidores públicos.

Los hechos tienen relación con las  investigaciones adelantadas por las presuntas anomalías detectadas en la celebración de ocho contratos para el suministro de combustible de las ambulancias y vehículos del ESE Hospital de Ábrego, así como en un contrato de obra civil.

El organismo investigador informó que recopiló material probatorio que “daría cuenta que el congresista le habría pedido al gerente de la ESE Hospital de Ábrego, cien millones de pesos, los cuales fueron entregados en dos pagos de cincuenta millones de pesos, dinero que nunca le devolvió”.

Asimismo, añadió el informe entregado ayer por la Fiscalía, “los investigadores encontraron que Carrillo Mendoza presuntamente cobraba coimas del 10% y 20 % de los contratos aprobados por la ESE”. 

De acuerdo con la Fiscalía, el representante a la Cámara también “tendría injerencia para distribuir la planta de personal e incluso habría modificado el manual de funciones para que la subgerencia del hospital fuera asignada a una de las cuñadas de su esposa”.

En el marco de esta investigación la Fiscalía General de la Nación imputó cargos  en junio, a seis personas, entre los que figuran el representante legal de la ESE, dos exgerentes de la ESE y dos contratistas, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad en documento. 

Miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía rastrearon durante dos años a Jhon Alexander Álvarez Bayona, exgerente del Hospital Noroccidental de Ábrego, al ex subgerente Freddy Antonio Ascanio Soto, y a dos de sus contratistas, investigados por presuntas irregularidades en al menos 15 contratos.

El proceso, según la Fiscalía, se inició a través de un informe de la Contraloría General de la República, indicando que en dichos contratos podría existir un detrimento patrimonial de más de 3.000 millones de pesos.

Según se conoció, los involucrados aprovechaban el suministro de gasolina para abastecer sus vehículos personales y los de sus familiares.

La Opinión intentó contactarse en la tarde y la noche de ayer con el congresista Carrillo Mendoza y le dejó un mensaje en su WhatsApp, pero no fue posible obtener respuesta.