“Por ahora no hay ninguna decisión del Gobierno Nacional de iniciar una etapa de fumigación de cultivos ilícitos en Norte de Santander”, dijo el gobernador, Édgar Díaz, luego de participar en Bogotá en una reunión entre el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y representantes de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), para abordar el tema.

Díaz aseguró que en el encuentro se les aclaró a César Jerez y Olga Quintero, miembros de Ascamcat, que no es verdad que el Gobierno Nacional haya dado la orden de comenzar la erradicación ni por vía manual ni por aspersión.

Aunque hay preocupación por el incremento de las hectáreas sembradas de coca, se insistió en la búsqueda de alternativas, entre las cuales Ascamcat ha insistido en una sustitución a largo plazo en algunas veredas de la región.

Una de las posibilidades contempladas, y que se evaluó en la más reciente asamblea popular efectuada en El Tarra, es realizar un proyecto piloto para la sustitución gradual y concertada de 160 hectáreas de cultivos de hoja de coca en la vereda La Angalia, de Tibú, el cual estaría mediado a través de la Mesa de Interlocución y Acuerdo del Catatumbo.

Faltan políticas públicas

Por su parte, el secretario de Víctimas, Luis Fernando Niño, manifestó que el Catatumbo sigue siendo una región complicada y que la ausencia del Estado ha permitido ganar terreno a los grupos ilegales, mientras la población se ve forzada a cultivar plantas de uso ilícito.

Según Niño, además de la erradicación, faltan políticas públicas de desarrollo.

“Hay un Conpes aprobado con un montón de ayudas para el Catatumbo pero, en terreno, no hay nada concreto”, dijo. “Cuando se entra a El Tarra, a Teorama y otros pueblos solo hay alcaldes con presupuestos muy cortos, tratando de hacer cosas, y la población civil con mucho miedo”.

Según Niño, estos temores se han manifestado en visitas en las que la comunidad dice que “no hay otra cosa que hacer sino sembrar coca”.

Declaró además que pese a que la erradicación de la coca implica un proceso que estudia el Gobierno, “es obvio que mientras no haya desarrollo, tampoco se erradicará ningún cultivo”.

Dijo además que las víctimas siguen quejándose por la presencia de grupos armados, la revictimización, y falta de ayudas humanitarias, que han generado desconfianza en el Estado.

Por ello, dijo, se seguirá atendiendo a la comunidad con una unidad móvil en la que 986 personas han declarado como hechos victimizantes, en su orden: homicidio, desplazamiento, tortura, secuestro, desaparición y violencia sexual.