Debido a que se incrementa la posibilidad de víctimas de los desastres naturales.
Piden a las alcaldías cumplir esquemas de ordenamiento

La permisividad de las alcaldías y oficinas de planeación al momento de poner freno a las construcciones en zonas de riesgo preocupa a las autoridades del departamento, encargadas de la mitigación de la vulnerabilidad.
Así lo dio a conocer Anelfi Balaguera, coordinador departamental de Gestión del Riesgo, quien criticó la falta de planeación territorial en la región, situación que incrementa la posibilidad de que las comunidades sean víctimas de los desastres naturales.
“A raíz de que no hay herramientas de planificación que permitan la zonificación de los municipios, la identificación de riesgos y las zonas en las que no se deba construir, se han desarrollado asentamientos sin control ni autoridad”, dijo el funcionario.
Ante esta circunstancia, Balaguera pidió a las oficinas de planeación que se haga control urbano efectivo y sea coercitivo el cumplimiento de las normas que impiden la construcción de viviendas en áreas vulnerables.
“Si seguimos permitiendo que esto siga, ocurrirán los desastres que ya conocemos en temporadas de lluvias fuertes”, señaló.
De acuerdo con los datos entregados, los municipios más vulnerables en materia de crecientes súbitas se ubican al sur del departamento.
Entre ellos están: Silos, Toledo, Labateca, Chitagá, Pamplona, y Pamplonita, en riesgo por estar ubicados en zona de ladera, y colindantes con ríos que se caracterizan por fuertes corrientes que arrastran todo a su paso.
El corregimiento de Bábega es uno de los ejemplos del riesgo inminente, con 97 familias que siguen viviendo junto a una quebrada que, cuando llueve, ha alcanzado hasta dos metros de altura.
En el centro-oriente el principal problema son los asentamientos en zonas inundables, en Sardinata, El Zulia, Tibú y Puerto Santander, este último, el más grave.
“Allí, la topografía plana y la concurrencia de los ríos Grita, Pamplonita, y Táchira siempre ocasionan emergencias”, explicó.
En Villa del Rosario, particularmente en La Parada, el riesgo se genera con el río Táchira.
En la zona, según Balaguera, las obras de mitigación no son la alternativa inmediata, debido a la gran dimensión de este asentamiento.
En este caso, por ahora se tiene instalado un sistema de alertas tempranas que previene desastres y mitiga la pérdida de vidas, pues da la posibilidad de tomar decisiones en materia de evacuación, en tiempo real, cuando el río crezca en su paso por Ragonvalia y Herrán.
Sin embargo, sí se realizarán obras, como la construcción de jarillones que protejan las zonas pobladas.
Planes para mejorar
Otra de las solicitudes del funcionario es que los municipios adopten los planes municipales de gestión del riesgo, dado que de los 40 municipios, solo 15 lo han hecho.
Así mismo, insistió en la elaboración de los planes de contingencia para las épocas de lluvia, los cuales ya debieron presentarse, incluyendo planes y actividades de apoyo comunitario, brigadas ambientales, manejo de residuos sólidos, entre otras.
De otro lado, se anunció un trabajo especial con la Agencia Nacional Minera, para que quienes trabajen en las minas de Norte de Santander estén capacitados y detecten los peligros.
También, se propondrá un proyecto de ordenanza para incrementar los recursos que manejaría el Consejo departamental de gestión del riesgo.
La meta es pasar de los 642 millones de pesos que se invierten este año, para llegar a un presupuesto de $2.800 millones.
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