La Asamblea de Norte de Santander entró a mediar ante el Gobierno Nacional, con el fin de que se pueda levantar el bloqueo que persiste por parte de campesinos del Catatumbo en tres puntos de la vía que comunica a Tibú con Cúcuta y a Cúcuta con Ocaña, en protesta por la reactivación de la erradicación forzada de cultivos ilícitos.

En una carta dirigida al presidente de la República, Iván Duque, los diputados expresaron la preocupación que existe en la región ante las aglomeraciones que se están registrando por parte de los manifestantes y el riesgo que esto representa en medio de la emergencia sanitaria que hay en el país, como consecuencia del coronavirus.

“Los bloqueos de quienes ejercen la protesta están generando una exagerada aglomeración de personas, y si a esto sumamos la presencia de la  Fuerza Pública, Ejército Nacional y Policía, quienes trabajan para garantizar la seguridad y con el objetivo de recuperar la normalidad, encontramos un escenario en el que nos estamos exponiendo a la propagación del coronavirus COVID-19”, planteó la Asamblea en el documento.

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Ante este panorama, los corporados, en cabeza de José Gregorio Correa, presidente de la mesa directiva, le plantearon al jefe de Estado la posibilidad de que se suspenda el proceso de erradicación que se adelanta desde el pasado 11 de marzo en once puntos de la zona rural de Sardinata, con el propósito de mermar el riesgo.

Esto, tras advertirle a Duque que tanto el bloqueo como las mismas brigadas de erradicación resultan contrarias a las medidas de prevención que fueron adoptadas por la Presidencia de la República para contener la propagación del virus.

Mesas de diálogo 

En la comunicación al jefe de Estado, la Asamblea plantea la disposición de acompañar una salida dialogada a la situación que se presenta con los campesinos del Catatumbo que tienen cultivos ilícitos.

Al respecto, sugieren la creación de unas mesas de trabajo con el Gobierno y otros actores involucrados.

“Reiteramos nuestro apoyo y respaldo a la iniciativa de las asociaciones Coccam (Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana), y Ascamcat (Asociación Campesina del Catatumbo), de encontrar una solución a través del diálogo”, plantea la corporación.

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En ese mismo sentido, insisten en que es necesario que se les dé cumplimiento a los acuerdos que se pactaron en medio del proceso de paz con las Farc, y que contemplan el proceso de sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos.

El gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, también informó ayer que está en conversaciones con el Ministerio de Defensa y el del Interior, con el fin de que se analice, al igual que lo pidió la Asamblea, la suspensión de las erradicaciones que están siendo adelantadas por parte de personal civil.

No obstante, hasta anoche todavía no había una respuesta a la petición.

Continuarán en la vía

Aunque el gobierno departamental decretó ayer el toque de queda en todo Norte de Santander, entre las 9:00 de la noche y las 4:00 de la mañana, hasta el próximo 24 de marzo, los voceros de Ascamcat aseguraron que continuarán con el bloqueo en las vías las 24 horas.

Juan Carlos Quintero, representante de la Asociación campesina, manifestó que ellos hicieron una propuesta concreta al Gobierno Nacional que incluye el retiro de forma inmediata de cerca de 800 personas entre militares, policías y erradicadores que, aseguran, se encuentran divididos en 11 grupos en El Guamo, San Miguel, El Bojoso, La Mesa, Cartagena, San Joaquín y el corregimiento de las Mercedes, en Sardinata.

Dijo que si esto es aceptado, los campesinos de inmediato levantarán los cierres instalados desde el lunes en los sectores Astilleros-Tibú;  

Rancho Grande, entre La Y de Astilleros y La Y de Sardinata; y La virgen.

Quintero explicó que el malestar radica en que mientras que unas 1.500 familias de Sardinata decidieron firmar el acuerdo de sustitución, el 13 de septiembre de 2017, el proceso nunca avanzó y no fue posible llegar a los acuerdos colectivos y menos a la preinscripción en el PNIS, a pesar de que siempre hubo la voluntad de hacerlo.

El líder campesino reprochó que, en cambio,  el Gobierno decidió avanzar con la erradicación y más adelante vendrá con la aspersión aérea.

“Una vez retirados los erradicadores, el campesinado retornará a sus viviendas en acatamiento a la medida sanitaria, siendo esta  una muestra de nuestra voluntad en la primacía del interés general sobre el particular”, dijo.

Juan Carlos Quintero señaló que mientras se toma una decisión frente a la petición que están haciendo, los campesinos decidieron establecer un corredor humanitario que permita la movilización de: el pueblo Motilón-barí, misiones médicas, organismos multilaterales y medios de comunicación; familias con menores de edad, adultos mayores, personas enfermas o mujeres embarazadas; tránsito de medicamentos y coches fúnebres.