Un total de 152 líderes y defensores de derechos humanos han presentado denuncias por amenazas ante la Fiscalía, organismos internacionales, y otras instituciones, debido a la persistente persecución en su contra.

Según Édgar Pallares, secretario departamental de Gobierno, aunque en los últimos días no se han registrado homicidios en la región relacionados con la actividad de los defensores, las amenazas no desaparecen.

Si bien la Unidad Nacional de Protección (UNP) “les ha brindado esquemas de seguridad, siguen siendo acciones insuficientes”, dijo, debido a la escasez de recursos para este fin “pero no a falta de voluntad”.

También señaló que la insuficiencia se revela porque “hay requerimientos y no siempre las acciones son oportunas, pues los afectados tienen que someterse a análisis de riesgo y seguridad y los recursos son limitados”.

“Consideramos que lo ideal sería dar una cobertura total pero no se alcanza por lo de siempre: recursos”, expresó. “Además, hay otras medidas blandas que permiten que en cualquier momento exista un atentado contra los líderes y defensores”.

De ahí, que la misión de las autoridades es mitigar las situaciones de vulneración con el fin de que los defensores desarrollen sus labores en mejores ambientes, según se concluyó en la más reciente mesa territorial de garantías para los defensores.

De otro lado, Pallares resaltó el trabajo que se adelanta para que los 250 reclusos que están detenidos en centros de reflexión, celdas de paso, estaciones de policía y la Fiscalía tengan garantizados sus derechos.

“Nos preocupa la situación de hacinamiento y falta de condiciones de seguridad, para las personas detenidas porque la implementación del plan reglamento no ha permitido el ingreso normal de reclusos a Cúcuta”, dijo.

Por ello, en un reciente encuentro con el sindicato del Inpec y otras entidades abordaron la crisis carcelaria, con ocasión de las serias dificultades de alimentación, salud, y conflictos al interior de la misma fuerza pública que ya tiene complicaciones para custodiar los presos.

Entre los compromisos adquiridos, quedó la elaboración de un informe que se entregará a los órganos de control para mostrar lo que ocurre en los centros de reclusión, y se  instó a la Defensoría para que adelante acciones de tutela que favorezcan la protección de los derechos de los afectados por la puesta en marcha del plan reglamento.