Las autoridades de salud del departamento analizan con detenimiento la actual ocupación que se presenta en las unidades de cuidados intensivos (UCI) de la red pública y privada, a fin de garantizar que haya disponibilidad para los pacientes de COVID-19 que lo requieran.

Este martes existía preocupación en tal sentido, por el hecho de que en la actualidad hay una ocupación del 75 por ciento de las camas UCI, cuando en la ciudad, según reporte epidemiológico del Instituto Departamental de Salud (IDS), solo 3 de los 5 pacientes COVID-19 permanecen en dichas unidades, los otros dos fueron trasladados a Bucaramanga.

El director del IDS, Carlos Martínez reveló que la capacidad hospitalaria para Norte de Santander de camas de unidades de cuidados intensivos  es de 134, distribuidas en el Hospital Universitario Erasmo Meoz, ESE Hospital Emiro Quintero Cañizares y la red privada de Cúcuta.

A la pregunta de quiénes están ocupando las camas UCI en la actualidad, teniendo en cuenta que solo 3 pacientes de COVID-19 están allí, Martínez respondió que el grueso de pacientes, en la red pública como privada, obedece a las patologías propias que se presenten en Cúcuta y el departamento.

Médicos intensivistas de la ciudad que pidieron mantener su identidad en el anonimato, revelaron a La Opinión que dichas patologías tienen que ver, entre otras, con accidentes cerebrovasculares, traumas craneoencefálicos e infartos.

Expresaron su preocupación “porque no se está previendo el disparo del contagio y de pacientes que requieran UCI en próximos días”.

Ante esto, Martínez fue contundente en señalar que el IDS a través del área de vigilancia y control adelanta un proceso de auditoría para observar la pertinencia de la ocupación de las camas de UCI tanto en red pública como privada, para garantizar que haya un margen que pueda ser utilizado en la eventualidad de pacientes que requieran cuidados intensivos. 

Este equipo presentará un informe detallado de la ocupación de las UCI, qué pacientes están allí y por qué patologías.

Martínez reveló que adicional, articulado con el Ministerio de Salud, se trabaja en la expansión de camas UCI en un número de 290, “que va a ser la necesidad para COVID-19 teniendo en cuenta el comportamiento de la enfermedad en Norte de Santander, de las cuales 240 va a expandir la red pública, y 50 la red privada.

El director del IDS manifestó que de la misma manera, para cuidados intermedios, la red pública ha propuesto una expansión de 56 camas, y la red privada, 12. Y para hospitalización, la red pública propuso una expansión de 128 camas y la red privada de 30.

Dijo que otros operadores independientes tendrán la oportunidad de presentar también propuestas para camas UCI, como es el caso de la clínica Medinorte, que opera en las antiguas instalaciones del Seguro Social, donde se tienen proyectadas 33 camas para atender COVID-19.

El cartel de la COVID-19

El Ministro de Salud Fernando Gómez denunció el fin de semana que hay un cartel que está cobrando por atención de pacientes que ingresan a las unidades de cuidados intensivos.

El funcionario dijo que presuntamente por dinero sí se estaría dejando a pacientes en las UCI más tiempo del necesario, pero no reveló en qué ciudades del país está ocurriendo esto.

Frente a esta grave denuncia, La Opinión les preguntó a las autoridades de salud si conocen casos relacionados con el presunto cartel de pacientes COVID-19, y sus voceros dijeron desconocer su presencia.

No obstante, el director del Instituto de Salud del Departamento (IDS), Carlos Martínez, dijo que hay un equipo de vigilancia y control adelantando una auditoría, tanto en la red pública como privada, para garantizar que quienes estén en UCI en realidad lo requieran.

A su turno, el asesor jurídico de la Secretaría de Salud de Cúcuta, Diego Osorio, fue enfático en advertir que hay que saber entender las afirmaciones del ministro de Salud sobre el posible negocio de los hospitales y clínicas con la COVID-19. 

“El incentivo del Gobierno hacia hospitales y clínicas es para las UCI, es decir, para el tiempo y el número de personas que cada unidad esté ocupada por un paciente, no por los casos positivos”, precisó Osorio.

Añadió que a los casos positivos de COVID.19 se les solicita que guarden aislamiento social en sus casas, no en las UCI, por ello es falso decir que tener positivos es un negocio para las entidades de salud ya que estos pacientes no van a las UCI en Cúcuta.

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) reveló que este año se han pagado a las EPS por la atención de sus pacientes (incluidos los COVID-19) 23 billones de pesos.

Por su parte, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) informó ayer que las EPS han girado a su red prestado este año más de 8.4 billones de pesos. A 19 de junio se habían realizado 300.945 pruebas COVID-19 y se habían atendido a 39.646 pacientes en todo el país por COVID-19.