Las denuncias del personero de Gramalote, Gerardo Villamizar, ante la Contraloría General de la República en septiembre de 2016 derivaron en un informe de auditoría que puso en evidencia presuntas irregularidades en la ejecución de la construcción de las casas y el tramo de la vía Miraflores-Lourdes.

Según el organismo de control, entre los hallazgos encontrados e informados al Fondo Adaptación se destacan, para el caso de la vía, mayores valores pagados, frente a lo previsto; falta de actividades de recuperación y preservación de la cuenca hidrográfica, así como la disminución del alcance físico de las obras en 40.14 por ciento.

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Además, se comprobó un incremento en el costo final del proyecto, por deficiencias en los diseños, los cuales incumplieron su objeto, y también hay falencias en el seguimiento tanto del contratista como del interventor.

Así mismo, la Contraloría señala que el pago de estudios y diseños por 473 millones de pesos, y una interventoría de 46 millones de pesos, “entregados con deficiencias” constituyen un presunto daño patrimonial.

Este contrato fue adjudicado por 17.311 millones de pesos para un tramo de 2.5 kilómetros de vía, y un plazo de ejecución de nueve meses. 

Sin embargo, en el trascurso de la ejecución se realizaron tres prórrogas y obras adicionales, que aumentaron el plazo a 15 meses, y según un informe de la interventoría, de julio de 2017, esos 2.5 kilómetros terminaron costando 42 mil millones de pesos.

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Además, se comprobó la inestabilidad del terreno; materialización de uno de cinco muros; con menor longitud a lo estipulado en diseño; menores cantidades de obra; y riesgos de deterioro dado que muchos taludes quedaron desprotegidos.

Las casas

En relación con la edificación de las casas, las afectaciones se relacionan con el incumplimiento en la entrega de la totalidad de viviendas.

También, se indica que retrasos del urbanismo y el desarrollo mismo del contrato impactan las metas previstas y el cumplimiento de los objetivos, y se señala la falta de control y seguimiento por parte del Fondo.

Los hallazgos en infraestructura más relevantes se relacionan con la no aplicación de mortero de pega en las paredes laterales para la conformación de los muros, contraviniendo la norma nacional de sismorresistencia.

También se habla de humedades en las cubiertas, se critica el mortero utilizado para la pega del tablon Cúcuta en el piso de las viviendas, de fácil desprendimiento y que permite filtración de agua.

“De igual manera, los niveles de piso interiores no se encuentran completamente nivelados, la separación entre las piezas de tablón instalado es dispareja y las dilataciones son variables en sus dimensiones”, señala el informe.

Estas deficiencias fueron ratificadas por la Personería y la alcaldía municipal, que confirmaron las quejas de los habitantes de las zonas de ladera y aclararon que estas condiciones no se presentan en las primeras casas. 

Además, por fallas de seguridad  en las casas, la personería prepara una acción popular.

Las respuestas

Según el Fondo Adaptación, las deficiencias en los estudios y diseños de las vías de acceso, en 2013, fueron de conocimiento de la Contraloría y se realizaron las acciones para reclamar ante las aseguradoras. 

El Fondo también dijo haber informado de los nuevos ítems, ya fueron ejecutados y cancelados  , y que para el caso de las viviendas, las deficiencias tienen un protocolo de calidad para subsanar las situaciones técnicas encontradas.

Sin embargo, el ente de control expresa en su informe que si bien hay mecanismos de mejora, llevarlos a cabo implica que las deficiencias sí existen y que las casas, pese a ser nuevas, “presentan falencias constructivas” y advierte que en las 91 casas tomadas como muestra en una inspección efectuada en octubre se “confirma la baja calidad de los trabajos en las viviendas inspeccionadas”.

Lo ambiental

En este aspecto, la Contraloría indica que en desarrollo del contrato vial no se habían ejecutado las obras correspondientes a la inversion del 1 por ciento, como se registra en algunos documentos inspeccionados por la entidad.

No obstante, en el acta de recibo de obra, se incluyó el pago del 1 por ciento por concepto de gestión ambiental por uso del agua en cuantía de $877 millones, sin que se hubiese invertido en la cuenca hidrográfica del área de influencia del proyecto objeto de licencia ambiental.