Dedicado a la investigación de los hechos propios del conflicto armado y su incidencia en la vida regional, Enrique Rafael Pertuz Ariza maneja una especie de observatorio desde la Corporación  Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos en Norte Santander, sobre lo cual habló en esta entrevista.

¿Cuál es para usted el perfil de Norte Santander respecto a Derechos Humanos?

Norte Santander constituye una de las regiones en la que más se vulneran los Derechos  Humanos y el Derecho Internacional Humanitario por el accionar de todos los grupos armados tanto legales como ilegales que tienen presencia aquí,  en el marco del conflicto armado. Pero también hay que señalar que estos obedecen  al cúmulo de necesidades básicas insatisfechas donde no hay respuestas eficaces del Estado.

¿Los actores de violencia en Norte Santander cómo están identificados?

En nuestro departamento se identifican tres organizaciones guerrilleras (Eln, Epl y Farc) que hoy en día tienen un gran acumulado político y social especialmente en la zona del Catatumbo donde han tenido presencia por más de treinta años. A esto se le suman  los paramilitares disfrazados en los Urabeños, los Rastrojos y las Águilas Negras, además de los grandes carteles internacionales de las droga, especialmente los mexicanos. Hay que decir que los grupos del paramilitarismo tienen presencia en el área metropolitana de Cúcuta tanto en la zona rural como urbana donde mantienen un control socioeconómico y político.  

¿Sobre menores de edad vinculados al conflicto armado, cómo está Norte Santander?

Nuestro departamento no ha sido ajeno al fenómeno del reclutamiento forzado de menores por parte de los grupos armados al margen de la ley y de organizaciones del microtráfico. Estadísticamente no se conoce con exactitud el número de menores vinculados al conflicto, tema que fue abordado en la mesa de negociación de La Habana, pero para el caso de nuestro departamento no se dieron cifras. Entendemos que hay un importante número de menores vinculados al conflicto armado por las organizaciones insurgentes que han hecho de este sector una base para fortalecer sus estructuras. Nos preocupa el número creciente de menores utilizados y vinculados al delito del microtráfico de estupefacientes.

¿Cómo ve la administración de justicia en delitos como homicidio, secuestro, extorsión, desaparición forzada, abuso sexual y desplazamiento?

Gravísima. Hay una impunidad que está por los niveles del 90 por ciento. Falta mayor compromiso y voluntad política en capturar, judicializar y condenar a los responsables, pero también  en desarticular a las estructuras encargadas de estas acciones criminales. No se justifica que a siete meses de la desaparición de Henry Pérez,  líder comunal de Lya Gabarra, la Fiscalía, la Policía y el Ejército no tengan respuesta de los autores intelectuales ni materiales a la opinión pública del departamento. Además,  no entendemos  como criminales de altísima peligrosidad con circulares rojas y azules y acusados de delitos de lesa humanidad terminen con penas mínimas y en muchos casos con libertad condicional y casa por cárcel,   lo que genera desconfianza y falta de credibilidad en la administración de justicia.

Todos los diagnósticos sobre el Catatumbo revelan una compleja situación en su entorno. ¿Qué medición tiene su organización?

Tenemos que señalar que se ha registrado un crecimiento del 100% en los cultivos de la mata de hoja de coca. De 6.345 hectáreas sembradas en el año 2013 hoy tenemos 13.609.

Expansión de los grupos insurgentes. Casos del Eln y Epl en el entendido que las Farc detuvo su accionar militar a raíz de los diálogos de La Habana.   

Altísimos índices de despojo y abandono de tierras. De las 4.693 solicitudes presentadas a la Unidad de Restitución de Tierras, el 47.09 por ciento de estas (2.210) lo han presentado los municipios de esta región.

Presencia muy débil del Estado en cuanto al desarrollo de políticas públicas que contrastan con la presencia de un gran pie de fuerza militar.

Una lucha por defender el territorio por parte de actores campesinos e indígenas (Barí).

De los 800 atentados  de minas antipersona en los últimos 26 años el 83.87 por ciento (671) se han presentado en esta región.

¿Sobre la crisis en el área fronteriza de Colombia y Venezuela, qué apreciación tiene?

Que esta ha generado la contracción de las economías en todos los sectores de la región,  directa e indirectamente, generando también una presión social,  aumentando el desempleo, la prostitución, la inseguridad, el hambre, la pobreza, la miseria y la informalidad. De ahí que se hace necesario un acuerdo de integración en todos sus niveles antes de seguir con la política de tratamiento criminal. Hay que buscar esos acuerdos que permitan reactivarla. En ese sentido saludamos y apoyamos  las gestiones del presidente de la Cámara de Comercio,  Carlos Luna y la del gobernador  William Villamizar, ya que el cierre unilateral de la frontera por parte del presidente Maduro demostró que no dio los resultados esperados en cuanto a  combatir el contrabando y la criminalidad.

Firmado el acuerdo sobre cese bilateral del fuego entre el Gobierno y las Farc, en La Habana, ¿cómo ve el final definitivo del conflicto armado en Colombia?

Somos amigos y defensores de la necesidad de darle fin al conflicto armado a través del diálogo como el que se desarrolla en La Habana y a partir de allí iniciar la construcción de la paz desde los territorios,  resolviendo los problemas estructurales de tipos económicos, sociales, raciales y culturales que vive el país, es decir, consideramos la paz como un estado de no violencia y de equidad social y económica.  Por eso saludamos con beneplácito la firma del cese bilateral del fuego como un paso fundamental hacia el fin de la guerra.

¿Qué piensa del Eln?

Consideramos que los elenos son un actor muy importante para la construcción de la paz en Colombia y por lo tanto reiteramos nuestro llamado a que se instale la mesa con esta organización guerrillera y se dé inicio a lo acordado en Caracas, reiterando nuestra preocupación por el escalamiento de la guerra. Consideramos importante que el Eln tome la decisión política de suspender la práctica del secuestro y entrar en un proceso de desescalamiento de la guerra.

Se habla mucho de posconflicto. ¿Usted qué espera de esa etapa?

Esperamos que sea el marco para la construcción de un nuevo país con justicia y equidad social, y que este se construya con las comunidades  y con todos los sectores sociales, económicos, políticos, culturales y étnicos de Colombia. Pero también debe ser el punto de partida para decirle un ¡basta ya! a la guerra.

¿Qué margen electoral podrían tener las Farc?

La historia ha demostrado que los actores armados al final de una guerra se constituyen en partido político y se lanzan a buscar algunas representaciones, pero estas no son lo suficientemente amplias como para tomarse el poder. Consideramos que tendrá que pasar una generación donde cesen los odios, se cierren las heridas y se acabe tanta polarización para que estos grupos puedan ser determinantes en el ejercicio del poder y quizás hacia el futuro aquí en Colombia se puedan dar casos como el de Nicaragua, el Salvador, Uruguay, donde los acuerdos de paz permitieron la llegada al poder de estas organizaciones. No obstante, consideramos muy importante que estos actores tengan toda la garantía para el ejercicio de su actividad política sin armas, lo cual sin duda va a fortalecer nuestra democracia.

La Opinión