Desde hace más de un año, los 44.829 niños de 80 establecimientos educativos de la región del Catatumbo reciben clases bajo el fragor de la guerra que se libra entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y Los Pelusos, por el control del narcotráfico.

Por cuenta de esta disputa armada, que sigue sembrando desolación al norte del departamento, cerca de 400 niños de los municipios de Ábrego y la Playa de Belén no pudieron asistir a clases durante una semana de 2019, porque se desplazaron de sus hogares, junto a sus familias, según un informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

La Secretaría de Educación de Norte de Santander aseguró que estos ocho días de anormalidad académica corresponde al periodo del calendario escolar en curso, en el que esos menores de edad no pudieron llegar a sus aulas, debido a una situación de alteración del orden público.

Lea además Siete escuelas de Ábrego sin estudiantes por enfrentamientos entre Epl y Eln

Aunque este lapso de tiempo fue inferior al mes de suspensión de clases, que se registró en 2018, producto de un paro armado, la afectación al acceso escolar por culpa de esta confrontación, es una preocupación constante entre las autoridades regionales.

“Los hechos ocurrieron el pasado 22 de octubre, debido a la problemática constante de los enfrentamientos de los grupos al margen de ley. El personal docente vio la necesidad de desplazarse mientras estaban en su trabajo. Esto también sucedió con los niños y con las familias. Esto duró una semana, pero todo ya ha retornado a la normalidad”, precisó Myriam Ortega Quintero, secretaria de Educación.

De acuerdo con una alerta emitida por OCHA desde esa fecha se empezó a registrar el desplazamiento masivo de 865 personas de las zonas rurales de Ábrego y La Playa de Belén, donde se recrudeció el fuego cruzado entre estos grupos armados.

Entre esta población se encontraban los alumnos de siete sedes del Centro Educativo Rural La Vega del Tigre, que  localizado en Ábrego. 

“Estos acontecimiento nos han afectado en gran proporción, ya que es mucha la inasistencia de nuestros estudiantes, porque los padres de familia no mandan a sus hijos a las aulas por el miedo a los enfrentamientos presentados en la región”, denunció Omaida Torrado Torrado, directora de este plantel educativo.

Ortega Quintero aseguró que mientras la confrontación armada se iba atenuando, los menores empezaron a retornar al colegio, recobrándose con la normalidad académica. 

Hasta el próximo 30 de noviembre, cuando culmina el el calendario escolar, los profesores de esta institución tienen plazo de recuperar las horas perdidas de clase.

Escuelas, en peligro por su cercanía a cuarteles

En lo corrido de este año, la Secretaría de Educación de Norte de Santander tiene instalada la Mesa de Educación de Emergencia, donde confluyen instituciones del Ministerio Público y delegados del Ejército Nacional para tratar estos fenómenos de violencia.

En este espacio, la delegada de la Gobernación ha manifestado en reiteradas ocasiones su preocupación por la cercanía de la Fuerza Pública de cuatro escuelas de Tibú, Ocaña y Hacarí. 

La escuela que más preocupa es la sede Guayabales del Colegio San Miguel, de Hacarí, porque está localizada a pocos metros de una base militar. 

“Aunque ya se expuso esta situación, la Fuerza Pública manifiestó que es difícil quitar dicha base, porque es un sitio estratégico de control para el paso de los ‘narcoterroristas’; sugieren en cambio que muevan la sede educativa, pero que esto no serviría porque las familias igualmente están ahí ubicadas”, precisó la Secretaría en un informe.

De acuerdo con un funcionario de la Oficina de Cubertura, la petición de trasladar estas unidades militares se hace con el propósito de que no se vuelvan a presentar incidentes como el ocurrido el 3 de noviembre, en Sardinata, donde un estudiante del colegio Luis Veros resultó herido por impacto de una bala, cuando se libraba un combate.

La organización internacional Save of The Children también ha llamado la atención sobre este peligro y por asuntos como el reclutamiento a menores, desplazamientos y campos minados.

“Estamos en una conversación con las autoridades para conocer esa realidad y elaborar un diagnóstico de cuántos niños están afectados, ver qué solución le damos y que no se sigan vulnerando sus derechos”, informó Álvaro López, delegado de Save of The Children, en Ocaña.