Después de cuatro años de la tragedia de Gramalote, en Norte de Santander, ningún damnificado tiene una vivienda, por lo que sería uno de los ejemplos del “fracaso de la institucionalidad” en Colombia.

Así lo indicó Carlos Meza, procurador encargado para asuntos territoriales, quien participó junto al procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, en la rendición de cuentas de la gestión del ente en 2014

Según Meza, el proyecto de urbanismo solo está programado para 400 personas de las 620 que han sido reconocidas como víctimas, de la falla geológica que acabó con el pueblo, y además 111 familias que dicen que tienen derecho no han sido reconocidas por el Estado.

"Existen además irregularidades en la construcción del municipio como lo es la inclusión de una cancha de fútbol y las demoras para adelantar este proyecto tras la tragedia. Por tanto, la procuraduría está adelantando gestiones de dos trámites disciplinarios, para que se tengan, al menos, las 600 viviendas", puntualizó.
 
"Ni la Procuraduría ni el procurador pueden ser enemigos de la paz"

Alejandro Ordóñez, jefe del ente, explicó que no es enemigo de la paz y agregó que en el país se confunde el ser enemigo de la paz con ser enemigo de la impunidad. "No se puede seguir pensado que el procurador es enemigo de la paz", aseguró.

El procurador general agregó que todos, incluidos él, desean la paz, pues "no hay un solo colombiano que se oponga al éxito del proceso".

De igual forma, manifestó que la Procuraduría ha venido diciendo e insistiendo en que lo que se acuerde en La Habana se debe cumplir y "para poderse cumplir debe quedar bien hecha y para que quede bien hecha se debe blindar jurídicamente y deben respetarse los estándares internacionales".

El jefe del Ministerio Público señaló que las penas deben ser de reclusión. "Reducidas sí desde luego, esa es la dosis de impunidad que la sociedad está dispuesta a aceptar pero no que haya la impunidad que hoy se plantea frente a los responsables de la masacre de Bojayá, del club El Nogal, del reclutamiento de niños. La pena no puede ser trabajo comunitario, sino penas de restricción de la libertad reducidas sustancialmente".

Ordóñez recordó que no está de acuerdo con la amnistía y los indultos para que el narcotráfico sea visto como delito político, además que no está de acuerdo en que no se repare con el dinero de la guerrilla a las víctimas.

"La Procuraduría quiere la paz, la posición que me ha tocado asumir no son para atravesarse, para ser hostil a la paz sino para ser hostil a la impunidad porque con ello se blinda jurídicamente el proceso", añadió.

La gestión 2014

Alejandro Ordóñez entregó un balance de su gestión durante 2014 y explicó que la audiencia de balance se debe hacer pues es un deber de transparencia.

Allí destacó avances en la Procuraduría Delegada para la Infancia y Adolescencia, frente al tema de jóvenes infractores de la ley penal, como también recordó el seguimiento que se le ha hecho al caso de las niñas vacunadas contra el papiloma humano en Carmen de Bolívar.

En cuanto al tema del trabajo y seguridad social, Ordóñez enfatizó en que "cientos de miles de colombianos mensualmente acuden a la Procuraduría porque se les 'desaparecen' y buscan que nosotros intervengamos".

En los resultados de 2014 en ese aspecto, se destacó el esquema de compensación laboral, la tabla de enfermedades laborales, la gestión en 1.316 casos de los cuales 336 fueron sobre riesgos profesionales y 48 de derechos laborales colectivos.

"La labor de la Procuraduría en esta materia, es trabajar para que los colombianos obtengan su pensión y tenemos 5.783 solicitudes de pensión por vejez pero también trabajamos en las de alto riesgo, en los fallos y en las de derechos adquiridos", explicó.

A su turno, Diana Margarita Ojeda, procuradora para la seguridad social señaló que se ha mantenido el seguimiento al Ministerio de Salud por el caso de las niñas vacunadas con el virus del papiloma humano. "No solo a las niñas, sino a sus familias y estamos procurando atención integral, intervención de las niñas no solo en Bolívar sino en las demás partes donde se presentaron más de 200 casos".

Sobre el tema de las víctimas y la Ley de Restitución y Reparación explicó que se hace el monitoreo por 640 casos, se han entregado conceptos en 26 casos, se ha hecho la prelación de 34 fallos y han acompañado 75 entregas de predios en todo el territorio.

"Hemos fortalecido las comisiones de este tema en regiones como Magdalena y el Urabá Antioqueño en donde acompañamos 1.045 solicitudes de restablecimiento de tierras a las víctimas" destacó Ojeda.

En el tema de víctimas, el procurador Ordóñez afirmó que "no se puede hacer exclusiones, independientemente de quién sea el victimario".

(La Procuraduría General de la Nación presentó su balance acerca de la gestión realizada en el año 2014. Foto: Colprensa)

En corrupción

En 2014, la Procuraduría atendió 117.000 quejas por presunta corrupción y se les dio un trámite del 83%, también hubo 175.000 quejas disciplinarias y 1.236 sanciones generales para combatir la corrupción.

Carlos Meza explicó que frente a la corrupción, la entidad ha cumplido el 80% de los trámites y en cuanto a los mejores índices en las alcaldías y gobernaciones, Antioquia es considerada la de mejor puntaje; seguida de Meta, Tolima, Quindío y Nariño.

"Lastimosamente las más débiles en procesos de prevención son las de siembre: Chocó, Bolívar y el Magdalena Medio, también hemos visto que el observatorio de corrupción señala que el 38.6% de las entidades públicas están contratando a dedo, mientras que el 54% de los municipios cumplen con la ley de información pública", señaló.

Colprensa | Bogotá