Hasta el momento, no se tiene información de que ninguno de los 40 municipios del departamento haya efectuado inversiones en infraestructura para cumplir con la aplicación del Código de Policía.

Según el secretario departamental de Gobierno, Édgar Pallares, aunque se reconoce que la destinación de recursos para tener centros de protección y cosos municipales es cuantiosa, se enfatizó en la necesidad de que los mandatarios doten de herramientas a la Policía para que ejerza sus funciones.

“Estamos haciendo la consulta para saber si se pudiese apoyar con el fondo de seguridad ciudadana”, dijo.

Agregó que se espera llegar a acuerdos con los alcaldes para que, mientras se obtienen recursos, se puedan arrendar algunos lugares y acondicionar la infraestructura que sirva de apoyo a las autoridades.

“Por ahora, les pedimos abrir las cuentas en los bancos, expedir los talonarios y facilitar las tareas de la Policía”, declaró. “Para el otro año, según recomendó la Procuraduría, los municipios ya deben empezar a destinar partidas para estos fines”.

Pallares también pidió a los alcaldes tener en cuenta los criterios procesales y garantías para el debido proceso de los multados, con el fin de que en la implementación del Código y los expedientes no se generen nulidades.

Por su parte, George Quintero, comandante del Departamento de Policía de Norte de Santander, ratificó que se requiere la  capacidad institucional, e insistió en que lo ideal “es que se hagan convenios para tener la infraestructura y mejorar la convivencia ciudadana”.