La puja entre Freddy Jaimes, campesino de Arboledas, y la empresa Claro para mantener funcionando la antena de telefonía celular en su predio no ha sido resuelta y, otra vez, el pueblo está en riesgo de quedar incomunicado.

La razón: afirma que la empresa no le ha pagado lo que espera, “lo justo”, por tener en arriendo parte de sus terrenos y los de su hermano, en donde se ubica la infraestructura.

Para junio de este año hubo un primer episodio en el que el pueblo quedó sin el servicio, debido a que el contrato con la empresa se venció y Jaimes, junto a su hermano Nelson, apagaron la antena, tal como hacen las empresas cuando un usuario incumple.

El día 15 de ese mismo mes, “subieron (a la finca) el alcalde, el inspector, la gente, y hasta el párroco, a decirme que me iban a indemnizar y que convenciera a mi hermano de que los dejara entrar para activar el servicio”.

Según Jaimes, “al ver al cura, y al señor de Claro, pues creí en el compromiso y le dije a mi hermano que le iba a dar la mitad del arriendo”.

En total, eran cuatro millones de pesos al mes: dos por cada finca; una cifra muy superior a los 500 mil pesos iniciales que nunca llegaban completos, debido a los descuentos de ley.

Sin embargo, “se les olvidó el convenio” y “funcionaron con un contrato vencido, porque no lo legalizaron”.

Al final, Jaimes tuvo que pagarle a su hermano 10 millones de pesos de su propio bolsillo, pues afirma que la entidad no le pagó el arriendo, situación que terminó afectando su relación familiar.

“¿Un inconveniente?”, cuestionó Jaimes. “¡Un inconveniente es poco, porque me perjudicaron con mi hermano y me echaron el pueblo encima!”.

Actualmente, la luz está cortada y la antena solo funciona con la gasolina de la planta; pero cuando se extinga, también lo hará la señal.

“Ya me metieron en problemas y como están acostumbrados a que se les haga venia...”, afirmó. “Pero yo no me dejo”.

Por su parte, la empresa explicó que desde junio se hicieron los acercamientos con Jaimes, durante los cuales se cuadruplicó el pago del contrato.

Además, la empresa asegura que Jaimes exigió 800 millones de pesos anuales por permitir el uso de su predio.

“No ha habido incumplimiento alguno y se estaba negociando el contrato”, expresó un vocero de la multinacional. “El señor, por intransigencia, va a dejar sin señal el municipio”.

Mientras se logra resolver el inconformismo de Jaimes, la empresa busca otros sitios de ubicación de la antena, aunque se conoció que los propietarios de las fincas en los alrededores tampoco están interesados en negociar ni arrendar sus predios.

Este viernes, el gobernador, William Villamizar, quien ya está enterado del tema, visitará el municipio, y la comunidad espera que logre mediar en este asunto.