Los mineros de carbón de Cerro Mono, situados en el área que colinda con la carretera a Tibú, explicaron que ellos se enmarcan dentro del concepto de “explotaciones tradicionales” efectuadas por personas vecinas al lugar que no cuenta con título minero y que constituyen la principal fuente de ingresos de la comunidad.

Agremiados en Asopecaem, reclamaron tener en cuenta el grave impacto social que acarrearía la suspensión de actividades mineras en las veredas El Empalme, la Silla, Carbonera-Totumito y Monteverde, todas pertenecientes a Tibú.

Así lo indicaron al conocerse la Resolución 082 del 4 de abril de 2019 expedida por Corponor, que establece un procedimiento sancionatorio ambiental en todo Cerro Mono, tanto en territorio tibuyano como en la zona de Cúcuta en los corregimientos de Banco de Arena y Palmarito por afectar el recursos hídrico y generar deforestación e impacto a la fauna.

“Nosotros estamos solicitándole a Corponor revisar y modificar ese acto administrativo, porque aunque nos encontramos en Cerro Mono, no estamos en la zona afectada por unos carboneros que invadieron las fincas compradas por Corponor y la Alcaldía de Cúcuta como áreas estratégicas para proteger el agua, en Palmarito y Banco de Arena”, precisó Víctor Julio González, representante legal de Asopecaem.

Según el asesor Manuel Vega Villamizar, en ese sector las fuentes hídricas están lejos de la zona dedicada a la minería, “no hay colchones de agua y no se habla de una deforestación masiva. Sí es cierto que hay vegetación nativa y en la cual si de pronto hubo algún maltrato al medio ambiente, pero nosotros estamos dispuestos a tomar las medidas para mitigar el daño y darle solidez ambiental al terreno”.

Y a continuación, ambos coincidieron en el desamparo y el riesgo de desplazamiento hacia los cascos urbanos de Tibú y Cúcuta de unas 2.000 personas que “quedarían en el desamparo y la pobreza extrema en la eventualidad que se cierren las bocaminas” en donde han trabajado en los últimos 30 años.

Al recordar que las personas que hacen la explotación de esas minas son de la zona y las veredas han dependido económicamente del carbón, “por eso nosotros el año pasado creamos la asociación para solicitar ante la Agencia Nacional de Minería la declaración y delimitación de áreas de reserva especial”. 

Manifestaron que al enmarcarse dentro de los requisitos dispuestos por la ANLA presentaron la documentación, en Bogotá, y ahora están a la espera del proceso, porque “queremos salir de ese estigma en que toda la vida nos han tildado de ilegales”.

“En la construcción del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cúcuta se nos ha estigmatizado, manifestando que todos los que estamos dentro del cerro hemos desforestado metido en zonas estratégicas y prohibidas. Nosotros no hacemos parte de ese territorio, estamos en la otra cara de Cerro Mono, que es la de Tibú”, dijo el abogado Vega Villamizar.

En ese sentido se planteó que Corponor y la Procuraduría Ambiental visiten visite esa área, verifiquen lo que ocurre y “nos den la oportunidad que está ofreciendo el Gobierno Nacional para legalizar a las comunidades que ejercen esta labor mediante la declaración del área de reserva especial”.  

“Queremos que Corponor nos haga un seguimiento y nos ayude y vayan los ingenieros y nos digan qué hay que hacer. Eso es lo que queremos, que nos den la mano y no que vayan a sacar a los mineros”, afirmó González Escalante, quien destacó la receptividad de la Gobernación para evaluar y conocer la problemática.

Para el próximo martes está prevista la tercera mesa de trabajo de Palmarito y Banco de Arena, sobre la problemática de Cerro Mono, donde se darán a conocer el informe de Corponor, dos resoluciones y se expondrán los seguimientos a los compromisos anteriores.