Los alcaldes de los municipios de la Asociación de Municipios de la provincia de Ocaña, sur del Cesar y zona del Catatumbo (Asomunicipios) acompañados por el director ejecutivo, Edgar Andrés Pallares Díaz, se reúnen con funcionarios del Gobierno Nacional para exponer la difícil situación vivida durante el paro armado.

Los 16 mandatarios viajaron hasta Bogotá para exigir políticas que permitan solventar la aguda crisis humanitaria presentada por el conflicto armado, adelantando gestiones ante los ministerios de Agricultura y Vivienda, Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), y cooperación internacional.

El ministro de Agricultura, Rodolfo Zea Navarro, envió una voz de aliento a la población campesina de los municipios del Catatumbo, provincia de Ocaña y sur del Cesar.

“Hemos asignado un equipo técnico para trazar una hoja de ruta a corto, mediano y largo plazo en pro de la mejora del campo. La atención será integral a los  agricultores y a todos los campesinos de la región”, indicó.

El director de Asomunicipios expuso un informe realizado por la asociación donde se contemplan las pérdidas de los productores durante la parálisis del mes de febrero. Se estima que  se han perdido 675 toneladas de productos agrícolas y unas 1.836 toneladas estuvieron represadas.

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Pallares detalló que estas millonarias pérdidas son consecuencia de la restricción violenta que los grupos armados ilegales han impuesto en la provincia de Ocaña y zona del Catatumbo en los últimos días. 

“Miles de hogares campesinos damnificados por estos hechos no pudieron salir de sus fincas y menos aún comercializar los productos que cultivan en los diferentes mercados a nivel local y nacional, ingresos que no tendrán para la subsistencia de sus familias y el pago de sus créditos bancarios”, recalcó.

Junto a la Federación de Productores (Fedeprocap) Asomunicipios le pidió al Gobierno Nacional: subsidios para los productores agropecuarios damnificados por la violencia, línea  de alivio económico a quienes hayan adquirido deudas con la banca y asistencia humanitaria a las familias afectadas.

Por su parte, el Defensor Regional del Pueblo, Diógenes Quintero Amaya, aseguró que la zona del Catatumbo comienza a reponerse paulatinamente del paro armado.

“Sentimos respiro, un gran alivio ya que retorna la normalidad académica, el comercio abre las puertas y los transportadores ingresan los víveres y llevan los productos agrícolas a las plazas de mercado”, precisó.

Asegura que hay que dejar claro que las afectaciones económicas son grandes y el enfrentamiento persiste en la región y sin duda va a seguir afectado a la comunidad.