Más de dos años han pasado desde el inicio de conversaciones entre los líderes de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) y el Gobierno Nacional, en las que se trata de dar cumplimiento a los llamados acuerdos de confianza que surgieron luego del paro del Catatumbo en 2013.

El pasado viernes culminaron las reuniones correspondientes a 2015, las cuales tendrán un receso hasta febrero de 2016. La conclusión, por ahora, es que los principales avances se dan en los proyectos productivos y de post erradicación, así como en aquellos relacionados con infraestructura vial.

Vale recordar que con la estrategia de post erradicación se benefician 400 familias de una iniciativa que incluye cinco componentes: base para el sostenimiento económico, seguridad alimentaria, empleo de transición, asistencia alimentaria y proyecto productivo, y tiene un costo de 12 mil millones de pesos.

En materia vial, el hito alcanzado se dio con la adjudicación de los estudios y diseños del Anillo vial para la paz, que abarca los municipios de San Calixto, Hacarí y El Tarra, los cuales son financiados por la Gobernación de Norte de Santander, con más de 3 mil millones de pesos de recursos de regalías.

Además, este proyecto tiene asegurados para su ejecución 5 mil millones de pesos anuales hasta el año 2018, y será deber del próximo gobierno continuar con este compromiso, pues en el actual  no hay posibilidad de comprometer recursos después de esa fecha.

De acuerdo con Mariana Escobar, subdirectora del Departamento para la Prosperidad Social (Dps), aunque el proceso de acuerdo va por buen camino, todavía están por estructurarse otras peticiones de Ascamcat, particularmente en materia de salud.

Al respecto, el objetivo de la Asociación es lograr que el hospital de Tibú tenga servicios de segundo nivel, pero para ello la Gobernación debería hacer un gran esfuerzo fiscal y obtener la aprobación del ministerio de Salud.

La funcionaria también relató que se revisaron los proyectos del Incoder y aunque los voceros campesinos tienen reparos con la asistencia técnica, se reconoce la inversión y ejecución de más de $6.993 millones en proyectos productivos, para beneficiar a 500 familias campesinas y víctimas del desplazamiento forzado.

Esta destinación presupuestal se da en Hacarí, La Playa, Ábrego, San Calixto, Tibú, El Tarra, Teorama, El Carmen y Convención, con un avance cercano al 70 por ciento de la ejecución total del compromiso que incluye proyectos productivos de café, plátano, ganadería, cítricos, cacao y cebolla ocañera.

Voluntad de sustitución

En relación con la sustitución de cultivos de coca, Escobar declaró que ve voluntad de los campesinos de participar en este proceso y destacó la iniciativa que existe de trabajar en la vereda La Angalia, de Tibú.

“Creo que es una puerta que se abre y nos saca de algunas discusiones que tenemos en la mesa”, dijo. “Además, es el momento de salir a territorio y socializar las políticas con las comunidades directamente asociadas a los cultivos de uso ilícito”.

La funcionaria indicó que antes de finalizar el mes de noviembre se hará una visita a la zona, con el fin de entrar a una fase exploratoria para definir el trabajo que se hará de aquí en adelante.

“Pienso que hay compromiso de sustituir pese a que los cultivos aumentaron y esa es una enorme preocupación para el Gobierno”, agregó. “Sin embargo, sabemos que las condiciones socioeconómicas en estas localidades son muy complejas pero hay voluntad de avanzar y apoyarlas para que de manera voluntaria, abandonen los cultivos y transformen sus territorios”.

Así mismo, insistió en que espera que el esfuerzo que se ha hecho, “no pierda el ritmo porque lo más importante es darle sostenibilidad a aquellas familias que han desarrollado su apuesta productiva. Hay que darle continuidad a la sustitución, porque la gente se ha comprometido y no ha vuelto a sembrar”.

*La Opinión