“Si el alcalde Diego González está verdaderamente en contra de las fotomultas, como dice ante los medios, que esto se traduzca en acciones concretas”.

Con estas palabras, el nuevo opositor y veedor de las actividades de la administración municipal de Los Patios, Leonardo Gélvez, exigió al mandatario que de las palabras pase a los hechos.

Según se concluyó en los controles políticos del concejo, el alcalde es el presidente del consejo directivo del Instituto de tránsito municipal, y como tal tendría la autoridad para tomar decisiones sobre las fotomultas o, al menos, plantear ajustes jurídicos para mitigar su impacto.

En este sentido, se espera que el alcalde tome dos decisiones concretas: la primera, que se suspenda toda multa o sanción derivada de las fotodetecciones en la avenida 10.

La segunda, que se eliminen las 12 mil sanciones impuestas en el tiempo que lleva de trabajo la concesión.

“El alcalde lo puede hacer, tal como ocurrió con el caso de Floridablanca, donde el mandatario tumbó 10.200 fotomultas”, declaró Gélvez. “Hemos visto negligencia y apatía de parte del alcalde, porque ya se le pidió que controle el enriquecimiento de este actor privado”.

Además, se denunciaron presuntas irregularidades durante las sesiones del concejo, tales como la posible violación del debido proceso en la notificación a los infractores.

También, el incumplimiento de una resolución según la cual es obligatoria la autorización de la ANI para la concesión de los semáforos y las fotomultas.

Así mismo, “se encontró un documento que autoriza la intervención en la avenida 10, pero con dos puntos fijos de fotomultas, y hoy tenemos estos dos puntos, más dos móviles ubicados en seis partes de la vía”, señaló.

Finalmente, se encontró que habría un desequilibrio económico en el contrato, con una retribución al Instituto de tránsito, por debajo del 40 por ciento establecido en los pliegos de condiciones con los que se creó el proyecto.

Para evitar que el alcalde González “se quede solo en un trabajo mediático”, los veedores de las fotomultas radicaron ante la Registraduría una solicitud para realizar un referendo derogatorio del acuerdo que dio origen al contrato de concesión.

Aunque Gélvez trabajó con el alcalde en la campaña y participó en la construcción de su plan de desarrollo, aseveró que “esta no es una cuestión política, sino un control político  que era necesario”.