La negación de homicidios de líderes sociales relacionados con territorialidad y tierras; el nulo avance de investigaciones en la Fiscalía por persecuciones y amenazas; y el silencio que impera en la institucionalidad por hechos violentos como la masacre de El Tarra, o las desapariciones forzadas, fueron las principales quejas de los líderes de Norte de Santander en el encuentro que sostuvieron ayer con las entidades encargadas de garantizar su derecho al liderazgo.

Martha Maldonado, presidenta de Fedecomunal Cúcuta, se mostró sorprendida ante las cifras presentadas por las autoridades en las que se dio cuenta de un solo homicidio por temas de tierras, y señaló que en Cúcuta la recuperación de inmuebles por parte de la Policía ha derivado en amenazas contra tres líderes comunales.

Recordó además que los líderes son asesinados por las denuncias que hacen en relación con el microtráfico o la minería ilegal, por sus misma función, así como por los enfrentamientos entre todos los grupos armados.

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“Nos hemos cansado de denunciar”, expresó, a propósito de las amenazas que llegan de Águilas Negras, Rastrojos, y otros grupos, y en vista de que se afirma que algunos de estas organizaciones “no existen, entonces díganos quiénes están detrás de esto”.

Pese al panorama, reconoció que se ha avanzado con las autoridades en algunos ejercicios de confianza, e instó a los líderes a no renunciar a su labor, “porque esa no es la solución”.

Hólger Pérez, integrante de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) cuestionó que pese a la existencia de una ruta de atención, prevención, y protección, “nos siguen asesinando”, y lamentó que la Fiscalía y otros organismos judiciales “con toda la tecnología, no sean capaces siquiera de encontrar a quienes amenazan vía Whatsapp”.

Por su parte, Juan Carlos Quintero, integrante de Marcha Patriótica, exigió que se ponga fin a “la cultura de la estigmatización y el señalamiento”, y recalcó que “mientras se crea que hacemos parte del enemigo interno del Estado, será muy difícil avanzar”.

Así mismo, señaló que en vista de que en algunos territorios la fuerza pública “no puede siquiera cuidarse a sí misma”, se podría tomar en consideración la protección colectiva, a través de guardias campesinas, indígenas, cimarronas, entre otras.

Recordó que si el objetivo institucional es generar confianza, hay dudas por casos como la masacre de El Tarra, que hoy cumple un mes, y sobre la cual “no hay un solo pronunciamiento”. 

“El silencio también nos genera terror e incertidumbre”, puntualizó.

Confianza y protección

En desarrollo del encuentro, convocado por la Policía Nacional, los actores institucionales instaron a los líderes a fortalecer la confianza que se ha perdido, y les indicaron la ruta de atención que se basa en tres componentes: prevención, protección e investigación.

Para el secretario departamental de Gobierno, Édgar Pallares, la reunión dio luces para hacer más efectivo el trabajo de protección, con miras a que todas las instituciones se articulen y se apoyen, para preservar el derecho de los líderes a ejercer sus actividades.

También, se explicó que en la ruta de atención a líderes se tiene el acompañamiento de la Procuraduría, la Defensoría del pueblo, en tanto que la Gobernación seguirá ofreciendo espacios de diálogo y concertación.

Según datos de las autoridades, de 93 casos de amenazas a líderes solo 17 tienen investigaciones claras, y 30 con investigaciones satisfactorias, lo cual confirmaría la preocupación de los líderes sobre la impunidad.