Por suspensión de Villamizar, tres gobernadores en 4 meses

Tal y como le ocurrió hace ocho años, durante su primera administración, cuando fue suspendido por la Contraloría General de la República, faltando apenas 15 días para terminar el mandato, William Villamizar no pudo concluir el periodo para el cual fue elegido como gobernador de Norte de Santander, por las presuntas irregularidades que rodearon el millonario contrato de bilingüismo suscrito con la empresa NIU Telco S.A.S, por $11.998 millones. 

La Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal resolvió, en auto del 22 de noviembre, ampliar la suspensión que había sido proferida en su contra, hasta el próximo 31 de diciembre.

A finales de agosto, el presidente Iván Duque nombró provisionalmente como gobernadora encargada a Sonia Arango, quien se venía desempeñando como secretaria general de la actual administración. Arango tomó las riendas del departamento durante 40 días.

Luego, el 10 de octubre, Duque nombró como nuevo gobernador encargado de Norte de Santander a Anelfi Balaguera, exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo y de Desastres del departamento. 

El reemplazo del suspendido gobernador fue escogido de la terna enviada por el Partido de la U, entre los que figuraban, además de Balaguera, Julio César Silva Rincón y Cecilia Durán Jaimes.

Una peligrosa travesía para ir a clases

Hasta la Sala Primera de la Corte Constitucional llegó el caso de los niños de  la vereda Campo Lajas (Sardinata), que a diario cruzaban en balsas improvisadas un río infestado de caimanes, para asistir a su escuela, pues el puente hamaca que utilizaban para llegar a la escuela, era inservible.

A finales de mayo, la Corte señaló que el deber del Estado es garantizar el derecho a la educación de los menores y que tal suceso cobraba especial relevancia en las áreas rurales afectadas por el conflicto. 

En octubre, la Secretaría de Educación de Norte de Santander hizo entrega de una canoa de madera con motor para transportar, de manera segura, a los estudiantes de la sede San José de la institución educativa San Luis Beltrán, en la vereda Campo Lajas, por lo que la balsa improvisada que empleaban para atravesar el río Nuevo, lleno de caimanes, quedó en la historia.

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Ataques al oleoducto

Los ataques al oleoducto Caño Limón-Coveñas afectaron notoriamente a la región en el último año. Se presentaron alrededor de 17 atentados contra la infraestructura en Tibú, El Carmen, Toledo y Teorama. 

Corponor estimó que la recuperación del río Catatumbo, tras la voladura del oleoducto, a principios de febrero, tardará hasta 15 años. Según el Ministerio de Ambiente, los atentados han perjudicado 125 kilómetros del río Catatumbo.

Estas acciones afectaron a más de 30.000 personas de la región del Catatumbo, que durante varios días han quedado sin el servicio de agua, mientras se controlaban estas emergencias. 

Incluso, el emblemático balneario Pozo Azul, en Tibú, se vio afectado por el derrame de petróleo y sus cristalinas aguas se llenaron del crudo.

Anulan prueba de concurso docente

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) anuló la prueba para el empleo de docentes de primaria en zonas afectadas por el conflicto armado en el país, entre ellas las de ocho municipios del Catatumbo.

Investigaciones hechas por la CNSC arrojaron la existencia de una irregularidad en cuanto a la filtración previa de la prueba de conocimiento aplicada el pasado 4 de agosto por la Universidad Nacional de Colombia (Unal) en 23 ciudades del territorio nacional.

Los aspirantes a estas plazas abiertas en los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, aseguraron que los cuadernillos se filtraron días previos a las pruebas, vulnerando la credibilidad y la transparencia del proceso, por lo que pidieron anularlo. 

El concurso docente buscaba asignar 852 plazas docentes en el departamento.

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Los PDET transforman la región

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) se convirtieron en una las herramientas más importantes de intervención y transformación de las regiones más afectadas por el conflicto armado. 

Norte de Santander, más específicamente la zona del Catatumbo, tiene ocho municipios priorizados dentro de estos programas: Tibú, Sardinata, Teorama, San Calixto, El Carmen, El Tarra, Convención y Hacarí.

Según la Agencia de Renovación del Territorio (ART), entidad que lidera los PDET en la región, en el último año se han invertido $42.228 millones en la ejecución de 90 obras PDET, que incluyen: construcción de placa-huellas, salones comunales, mejoramiento de espacios deportivos, adecuaciones viales, entre otros.

Otro de los logros a rescatar, es que   las alcaldías de estos municipios adoptaron los PDET en sus planes de desarrollo, para garantizar la ejecución de estas iniciativas, que se prevé culminen en sus totalidad en los próximos 15 años.

En la subregión del Catatumbo se priorizaron 1.127 iniciativas en los ocho pilares que componen los PDET: Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, infraestructura y adecuación de tierras, salud rural, educación rural, vivienda, agua potable y saneamiento básico; reactivación económica y producción agropecuaria; garantía progresiva del derecho a la alimentación; y reconciliación, convivencia y construcción de paz.

Además, el Gobierno Nacional ha estado muy pendiente de los avances de los PDET en el Catatumbo, a través de la estrategia Catatumbo Sostenible, en cabeza de Emilio Archila, alto consejero para la Estabilización y la Consolidación.

Cientos de familias huyen del conflicto

Tres eventos masivos de desplazamiento se registraron en el departamento entre enero y mayo de 2019. Alrededor de 572 personas salieron de sus territorios por cuenta del conflicto armado y en busca de refugio, según el informe anual de Acnur Tendencias Globales.

A finales de junio, una situación similar sacudió a Puerto Santander, luego de que unas mil personas cruzaran desde Boca de Grita (Táchira), en Venezuela, por fuertes rumores de enfrentamientos armados entre grupos ilegales presentes en esta zona. 

Entre octubre y noviembre, también, se reportaron desplazamientos masivos en  Ábrego y La Playa de Belén, donde cerca de 925 personas huyeron de sus viviendas,  nuevamente por enfrentamientos entre grupos armados.