Hasta este 14 de febrero se ampliará la asamblea permanente en la que se encuentra el pueblo barí, en Saphadana (Convención), que reiteró la exigencia de salida de su territorio ancestral de los colonos que por años ocupan su territorio, huyendo, en su mayoría, de la violencia paramilitar.

Según el secretario departamental de Víctimas, Luis Fernando Niño, la Gobernación tiene conocimiento de que los barí permitieron a los colonos vivir en Saphadana (también conocido como La Cooperativa) por un periodo de 10 años y, cumplido el plazo, les exigen salir de su territorio.

“Se están armando de valor con una guardia indígena, y los colonos a su vez asociados a organizaciones como Ascamcat sacaron su guardia campesina”, dijo Niño. “Los cacique están deliberando para ponerse sus flechas, pero está rondando el Epl y el Eln y esto generaría un conflicto más complicado”.

Agregó que el conflicto también se da por el retraso en la delimitación del resguardo, situación que no se ha cumplido por la presencia de otros grupos armados “y no es fácil entrar a hacer mediciones y delimitaciones”.

Por su parte, Yoni Abril, vocero de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) expresó su preocupación por el inminente desplazamiento de 300 familias, unas dos mil personas, inquietas por la situación permanecen en un refugio humanitario, en donde funciona el salón comunal.

Según Abril, la resolución del conflicto territorial “se resuelve políticamente”, y la meta es seguir conviviendo.

“Si bien hoy estamos en territorio de los indígenas, muy adentro de las selvas del Catatumbo, es porque el conflicto hizo que los campesinos buscaran refugio”, señaló. “Hay campesinos que tienen 40 años de vivir allí, y esperamos que esas dificultades se resuelvan en la mesa consultiva”.

Agregó que “si se da un desplazamiento masivo el pueblo barí cae en un desplazamiento masivo que fue cometido por los grupos armados anteriormente”, razón por la que pidió privilegiar la concertación.

También dijo que, en caso de que la salida del territorio sea inminente, el Gobierno Nacional debe dar garantías, “porque dos mil desplazados no tienen para dónde coger, sobre todo con el problema migratorio que generaría más caos en el tema de derechos humanos”.

En un comunicado, la ONIC calificó como tendenciosos los señalamientos sobre el pueblo barí como actores victimizantes y se explicó que “es falso que toda persona no indígena será sacada a la fuerza del territorio” pues esto no fue definido por los caciques y tampoco lo permite la Constitución Política de Colombia.

Puntos de preocupación

Según Ascamcat, el conflicto entre barí y campesinos ya generó la salida de unas 50 familias que desocuparon sus viviendas, y de 200 transportadores que entraban a la zona, estarían llegando solo 20.

Las veredas afectadas por la situación que además, hacen parte de la zona que pide el pueblo barí en la ampliación del resguardo, son: Palmitas, Caño Azul Alto, Vegas de Caño Azul, Saphadana, Caño Escondido, Caño Ramón, Caño Tomás, y Bella Vista.

Según el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, se espera que el ministerio del Interior, ya enterado del hecho, logre “caminos de mediación” para preservar la convivencia, respetando al pueblo indígena. 

La secretaría departamental de Víctimas señaló que la meta del pueblo barí es declararse nación barí, y tener plena autonomía. Una situación similar ocurre en Filo El Gringo (El Tarra) donde las comunidades, agobiadas por el enfrentamiento entre grupos armados y fuerza pública pretenden ser ‘territorio de paz’, condición que obligaría a la salida de todos los actores en conflicto en el territorio, incluida la fuerza pública, lo cual impediría un control territorial efectivo en una zona en la que están en disputa rutas del narcotrafico, cultivos de uso ilícito y minería ilegal.