El ministro del Interior, Fernando Carrillo, reconoce que la problemática de inseguridad que ha desencadenado la lucha por el tráfico de estupefacientes en el área metropolitana de Cúcuta es un asunto que tiene que encender las alarmas de todas las autoridades no solo locales sino nacionales.

Aún así, más allá de la inversión que se viene haciendo en este aspecto, $20.000 millones, todavía no se habla de planes contundentes que permitan reducir los índices de criminalidad que reporta la región.

En diálogo con La Opinión, el titular de la cartera política anunció el desarrollo de una mesa de trabajo, el próximo mes, a fin de lograr una sinergia entre todos los actores del departamento encargados de hacer frente a la problemática.

Carrillo también se refirió al proceso de paz que avanza en Cuba entre el Gobierno y las Farc y volvió a insistir en la importancia que tendrán los alcaldes y gobernadores en un escenario de postconflicto.

La seguridad en Cúcuta y el área metropolitana tiene en jaque cada vez más a sus habitantes, ¿qué está haciendo el Gobierno desde Bogotá para combatir los fenómenos que afectan el diario vivir en esta zona?

Tenemos una gran responsabilidad y es poderle responder a la ciudadanía contundentemente en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Vamos a ver si como hicimos en el caso de Medellín, podemos traer al fiscal general de la Nación porque es esencial dentro de todo este esquema de acción integral contra el crimen organizado. Acordamos también tener una mesa de descentralización y desarrollo territorial la primera semana de junio, con el gobernador y los alcaldes con el propósito de tener claridad respecto al diagnóstico sobre seguridad.

Las víctimas también han denunciado que están siendo revictimizadas por parte de bandas emergentes que azotan la ciudad, ¿qué tanto se está trabajando en ese sentido?

Creo que eso resalta la importancia de tener una dimensión territorial de la política de víctimas. De nuevo, y eso parece como reiterativo, no se pude seguir creyendo que la definición de las políticas públicas se hace en Bogotá y olvidarse de los compromisos que tienen los departamentos y municipios. Esta situación va a poder reducirse en la medida que haya una presencia del Gobierno Central apoyando los planes de implementación de la Ley de Víctimas y en eso estamos.  

Recientemente fue sancionada la nueva Ley que establece el régimen para las áreas metropolitanas, en el caso específico de Cúcuta, ¿qué beneficios traerá esta nueva norma?

Va en dirección un poco, no de debilitar instancias territoriales tradicionales, la filosofía de esta nueva norma es la sinergia entre ciudades y municipios. Eso supone una capacidad de sumatoria de fortalezas y una disminución de las debilidades en temas como creación de empleo, competitividad y seguridad.

En términos concretos, ¿esa descentralización qué le aportará al desarrollo de la región?

Desde el punto de vista urbano, es un motor de desarrollo impresionante. Desde el punto de vista ambiental, económico y social se van a lograr grandes transformaciones.

Proceso de paz y ampliación de periodos

El Gobierno ha insistido mucho en el papel que jugarán las regiones en el postconflicto, ¿cuál será el rol concreto de los alcaldes y gobernadores en caso de que se llegue a un acuerdo con las Farc?

Tienen la responsabilidad principal y nosotros deberíamos comenzar a prepararnos conjuntamente con ellos para lo que se viene. De hecho, en el Ministerio del Interior hemos tenido reuniones sobre paz con los 32 gobernadores del país, en dos ocasiones, también con los alcaldes de las ciudades capitales y en la Cumbre de Alcaldes, en Cartagena, tuvimos una primera reunión en donde decidimos crear una red de municipios en situación de conflicto. Los protagonistas del postconflicto son los alcaldes y gobernadores. Los escenarios de éxito de la construcción estable y duradera de la paz, que va mucho más allá y es más importante que la firma misma, va darse en las regiones.

¿Y cuál será el papel de regiones como Norte de Santander que además de ser una de las más golpeadas por el conflicto, está ubicada en zona de frontera?

Más que nunca las regiones, y particularmente las regiones de frontera, van a ser cruciales en el proceso de paz, por las implicaciones que tienen en la política social, en el cumplimiento de los acuerdos, en la creación de oportunidades para quienes se van a reinsertar. Por esta razón, si hay algo que va a tener que estar descentralizado es la estrategia del postconflicto.

¿Qué estrategias se han empezado a proyectar con los mandatarios locales a fin de estar preparados para un futuro escenario de paz?

En las reuniones con gobernadores y alcaldes, por lo pronto, el tema ha sido cómo ellos pueden contribuir a enriquecer la posición del Gobierno en la mesa negociadora de La Habana. Ya lo hicimos con el punto del desarrollo rural en donde, en un ejercicio con los mandatarios, recibimos al menos 300 propuestas en esa materia. Eso lo vamos a seguir haciendo con el segundo punto, relacionado con la participación política.

¿Previendo el rol que desempeñarán alcaldes y gobernadores después de un eventual acuerdo de paz, ¿usted es partidario de que se les amplíe a seis años el periodo de gobierno?

La verdad yo, desde el Congreso, expresé una preocupación como constitucionalista y es que la extensión del periodo creo que tiene grandes dificultades, porque la Corte ha dicho que ese es un acto de carácter electoral. Si el constituyente primario vota por un periodo de cuatro años, el constituyente secundario no puede cambiar esa decisión en un acto electoral. Como Gobierno estamos totalmente de acuerdo con la reelección de alcaldes y gobernadores, esa sería la pauta a seguir.

¿Por qué defenderían un proyecto en este sentido?

Por la necesidad de mantener la continuidad en la duración de las políticas. La mayoría de los alcaldes cuentan que el tiempo no les alcanza para nada, más dentro de este escenario de controles excesivos. Entonces, creo que si el presidente de la República tiene como prerrogativa la reelección, porque se le va a negar esta posibilidad a los mandatarios seccionales.

¿Ha pensado el Gobierno presentar esta iniciativa en la legislatura que comienza el 20 de julio?

De cara a las reformas que vendrán como consecuencia del proceso de paz uno podría plantear una iniciativa de esa naturaleza. Vamos a ver cómo avanza el panorama porque todavía no nos podemos anticipar a las reformas políticas que puedan salir de la mesa de negociación.

¿Se tardó mucho el presidente Santos en lanzarse al agua con su propuesta de ampliar dos años más su periodo de gobierno para evitar así la reelección?

Como el propio presidente lo dijo, creo que la idea no caló entre la opinión pública y realmente lo que no es popular no vale la pena insistir en ello. Lo que sí hay que reiterar es que jamás el presidente pensó en que esa fuera una reforma constitucional en beneficio propio, por el contrario, él la enfocó en el sentido de que se recortaba su propio periodo, pero realmente eso no tuvo una buena acogida y creo que no era conveniente, porque como Gobierno siempre habíamos dicho que un año preelectoral es el menos conveniente para proponer reformas electorales.

¿Desde su punto de vista qué considera más conveniente, un periodo presidencial de seis años o la reelección inmediata?

Creo que es la hora de hacer un balance en Colombia de los beneficios que ha traído la reelección. Para mí el escenario ideal, como lo dijo el presidente, es un periodo de seis años que permita la sostenibilidad de las políticas, sin reelección. Sin embargo, vamos a tener que esperar a que eso se pueda discutir mucho más adelante; este no era el momento para abrir el debate.

La refrendación de un eventual acuerdo de paz es otro de los dilemas que enfrenta el proceso, teniendo en cuenta que las Farc insisten en una constituyente, pero el Gobierno ya descartó de plano esta posibilidad, ¿cuál es la mejor alternativa, según ustedes?

El Gobierno cree que la refrendación es fundamental. Esto no va a ser el resultado de un acuerdo a puerta cerrada en La Habana, entre el Gobierno y la guerrilla. Lo segundo es determinar cuál va a ser la herramienta. Si uno mira las características del proceso, los grandes temas se están discutiendo en Cuba, luego realmente desde el punto de vista de la consulta o la herramienta de participación ciudadana, no tendría sentido la constituyente. Si la guerrilla quiere modificar las bases fundamentales del Estado tienen que acudir a las urnas, entonces, lo que habría que hacer es una consulta popular para que el pueblo colombiano pueda darle el aval a los acuerdos que se vayan a dar en la mesa de negociación.

Situación de venezuela

Al presidente Juan Manuel Santos le han llovido duras críticas por su pasividad frente a la situación política que enfrenta Venezuela. ¿Esa actitud podría interpretarse como una forma de dejar quieto a uno de los actores fundamentales para la paz de Colombia, como lo es el gobierno del vecino país?

Aunque este es un tema del cual no quisiera opinar mucho porque es un asunto de la política exterior, sí quiero decir que el principio de autodeterminación de los pueblos hay que respetarlo y que frente a un conflicto político de otro estado hay que respetar integralmente cómo cada uno puede resolver sus diferencias de carácter político.