Desde esta semana, los padres de familia de los estudiantes del colegio Monseñor Sarmiento Peralta, de Las Mercedes, dejaron de enviar a sus hijos a estudiar por un rumor que se acentuó en los últimos días.

Los comentarios van y vienen desde el sector rural hasta el urbano, en relación con movimientos extraños y una frase que inquieta a los pobladores: la destrucción masiva de viviendas y lugares aledaños a la estación de policía, al parecer, con cilindros bomba.

“Se dice que el corregimiento está quedando sitiado y rodeado con cilindros, y que la gente ha visto la acumulación de esos artefactos”, dijo una fuente de la zona.

Según el rector del colegio, Rolando Mendoza, un total de 515 niños dejaron de recibir clases y, de hecho, los padres decidieron que la medida preventiva se extendería hasta el 19 de agosto.

En una carta de la junta de padres se advierte que no se enviará a los niños “hasta que las condiciones sean favorables; debido a la tensión y al riesgo al que se exponen por los constantes hostigamientos por parte de los grupos armados ilegales”.

Además, la cercanía de la escuela a la estación ha dejado afectaciones graves pues, según el directivo de la institución, en el más reciente hostigamiento (los días 26 y 27 de julio) las balas alcanzaron la fachada y el techo, debido a que la escuela está a menos de una cuadra de las garitas.

Por su parte, Jesús Uribe, presidente de la junta de acción comunal, reveló que las condiciones de inseguridad han llevado a los habitantes a desplazarse hacia el sector rural.

“Muchos dicen que prefieren irse”, expresó acongojado.

Ahora, con la amenaza de destrucción sobre la estación con artefactos explosivos no convencionales, el temor es constante.

Según los registros que se llevan sobre los ataques, en Las Mercedes se tenía un promedio de tres hostigamientos al año, y solo en el último mes hubo tres, con uniformados muertos o heridos.

En una carta abierta, del 14 de agosto, la comunidad dice que además de los daños en las viviendas han sufrido “pérdida de animales, lesiones de los niños, traumas psicológicos, sin que haya atención por parte del Estado”.

Por eso, su principal solicitud es que los gobiernos departamental y local, así como las organizaciones defensoras de derechos humanos, las únicas que aparecen por allí, tomen las medidas necesarias para “evitar una catástrofe anunciada”.

En el texto, la comunidad responsabiliza al Estado de cualquier hecho que lamentar, así como del “abandono continuo al que nos han sometido desde el inicio de la historia mercedeña”, mientras esperan que los gobernantes cumplan la tutela y se acabe con la zozobra en la que viven los ciudadanos que, como Jesús, dicen: “por favor, ayuden este terruño que también es Colombia”.

La Opinión