Los ataques a líderes sociales y defensores de derechos humanos, que en Norte de Santander se reactivaron con el asesinato en Ocaña de Jorge Solano Vega, el martes pasado, ubican al departamento como la segunda región del país, después de Nariño, donde más muertes de este tipo se han registrado en los últimos meses. 

 De acuerdo con cifras de diferentes organizaciones y de algunas entidades estatales este año se han registrado en la región los asesinatos de 8 líderes y dos casos más se están documentando para establecer si también corresponden a personas cercanas a luchas comunitarias.

La situación es tan crítica que la cifra de este año, faltando lo que resta de noviembre y diciembre, está cercana a los 9 casos documentados en Norte de Santander entre el 1 de agosto del 2018 y 31 de diciembre del 2019 en el informe ‘El riesgo de defender y liderar: Pautas comunes y afectaciones diferenciales en las violaciones de los derechos humanos de las personas defensoras en Colombia’, coordinado por la Comisión Colombiana de Juristas con 19 organizaciones del país y el portal VerdadAbierta.com. 

El documento analiza los asesinatos de lideresas y líderes sociales ocurridos en dos periodos. El primero abarca 396 violaciones del derecho la vida, ocurridas entre el 1 de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2019. De ellas, 392 corresponden a asesinatos y las restantes a desapariciones forzadas. Según el estudio, de 300 páginas, en los primeros 7 meses del 2020 fueron asesinados en el país 183 defensores de derechos humanos y otro desaparecido forzadamente. 

El reconocido politólogo Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, calificó de “tragedia” lo que está sucediendo en el departamento y el país y pronosticó que en el 2021, por ser un año pre-electoral, se podrían registrar más asesinatos si el Gobierno no ejecuta acciones concretas que eviten más muertes. 

“El Gobierno tiene el Plan de Acción Operativa (PAO) que lo Maneja gente que no sabe de esto y está lleno de instancias y comités, con personas poco capacitadas para el tema. Hay zonas que han empeorado como Norte de Santander y llevamos entre 3 y 4 años muy duros. Esto es una tragedia”, manifestó Ávila. 

Según el analista son 4 los perfiles de víctimas que están asesinando en el país: los reclamantes de tierras y verdad, gente que hace control político, quienes denuncian economías ilegales y líderes ambientales. 

“El próximo año con la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) se conocerán más datos sobre tierras y pueden seguir matando a quienes reclaman territorios y los que participan en política van a sufrir.  El 2021 se va a acumular todo y será un tema agravante. En el caso de los perfiles varía mucho por la región”, indicó el politólogo, quien agregó que en Nariño, Norte de Santander, Antioquia, Cauca y Valle del Cauca se concentra más del 70% de los ataques a líderes sociales ocurridos este año. 

En el libro ‘¿Por qué los matan?’, que Ávila acaba de lanzar al mercado, concluye que más del 70% de los casos son cometidos por sicarios que desconocen quién los contrata y que apenas en un 25% se establece que los determinadores serían organizaciones como el Eln, disidencias de las Farc y Clan de Golfo.

Coincidencia regional

Llegando a la misma conclusión que Ávila, relacionada con la crítica situación, Enrique Pertuz, director de la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos, insistió en que la tendencia de los ataques a los líderes en Norte de Santander se mantendría si el Gobierno no mejora sus esquemas de protección. 

“Esa tendencia en el departamento no se va a detener, creemos que las amenazas y desplazamientos a líderes y defensores de derechos humanos va a continuar porque no hay política ni compromisos de la institucionalidad. Cada vez que sucede un hecho, como el asesinato ocurrido en Ocaña, la respuesta del Gobierno siempre ha sido los consejos de seguridad donde anuncian aumento de pie de fuerza y ofrecimiento de recompensas. Eso no da resultado, y es lo que siempre se da”, dijo el dirigente que ha sido víctima de dos atentados, ha recibido múltiples amenazas y tres hermanos suyos fueron asesinados.

Pertuz expresó su preocupación frente a la impunidad en los casos donde no se han determinado autores materiales e intelectuales. Según el informe de la Comisión Colombiana de Juristas “de los 396 casos registrados en la base de datos en consolidación – entre agosto del 2018 y diciembre del 2019-, en 248 de ellos se desconoce la autoría, lo que representa el 62,63 % del total de casos. En otros 37 casos, con base en las características conocidas de los hechos, que representan el 9,34 % del total, la presunta autoría está relacionada con un grupo armado, aunque no es posible identificarlo”.

El 4 de agosto pasado la Defensoría del Pueblo había emitido una alerta temprana donde advertía del riesgo que están corriendo en los municipios del Catatumbo los líderes sociales y defensores de derechos humanos. 

Diógenes Quintero, defensor del Pueblo en Ocaña, señaló que “la institucionalidad se ha quedado corta en responder al crecimiento que tiene Ocaña. No se fortalecen las entidades, queremos que les den herramientas técnicas, tecnológicas y humanas a las fuerzas de seguridad para que atiendan problemática como la atención a migrantes y construyan un segundo distrito de Policía”.