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Sábado, 7 Noviembre 2020 - 9:00am

La tragedia de los líderes sociales

8 líderes sociales han sido asesinados este año en Norte de Santander. 

Cortesía
Voces asesinadas, pero no sepultadas.
/ Foto: Cortesía
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Los ataques a líderes sociales y defensores de derechos humanos, que en Norte de Santander se reactivaron con el asesinato en Ocaña de Jorge Solano Vega, el martes pasado, ubican al departamento como la segunda región del país, después de Cauca, donde más muertes de este tipo se han registrado en los últimos meses. 

De acuerdo con cifras de diferentes organizaciones y de algunas entidades estatales este año se han registrado en la región los asesinatos de ocho líderes y dos casos más se están documentando para establecer si también corresponden a personas cercanas a luchas comunitarias.

La situación es tan crítica que la cifra de este año, faltando lo que resta de noviembre y diciembre, está cercana a los nueve casos documentados en Norte de Santander entre el 1 de agosto del 2018 y 31 de diciembre del 2019 en el informe ‘El riesgo de defender y liderar: Pautas comunes y afectaciones diferenciales en las violaciones de los derechos humanos de las personas defensoras en Colombia’, coordinado por la Comisión Colombiana de Juristas con 19 organizaciones del país y el portal VerdadAbierta.com.

El informe analiza los asesinatos de lideresas y líderes sociales ocurridos en dos periodos. El primero abarca 396 violaciones del derecho la vida, ocurridas entre el 1 de agosto de 2018 y el 31 de diciembre de 2019. De ellas, 392 corresponden a asesinatos y las restantes a desapariciones forzadas. Según el estudio en los primeros 7 meses del 2020 fueron asesinados en el país 183 defensores de derechos humanos y otro desaparecido forzadamente.

El reconocido politólogo Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, calificó de “tragedia” lo que está sucediendo en el departamento y el país y pronosticó que en el 2021, por ser un año pre-electoral, se podrían registrar más asesinatos si el Gobierno no ejecuta acciones concretas que eviten más muertes.

“El Gobierno tiene el Plan de Acción Operativa (PAO) que lo maneja gente que no sabe de esto y está lleno de instancias y comités. Hay zonas que han empeorado como Norte de Santander. Esto, es una tragedia”, manifestó Ávila.

Según el analista son cuatro los perfiles de víctimas que están asesinando en el país: los reclamantes de tierras y verdad, gente que hace control político, quienes denuncian economías ilegales y líderes ambientales.

“El próximo año con la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) se conocerán más datos sobre tierras y pueden seguir matando a quienes reclaman territorios y los que participan en política van a sufrir.  El 2021 se va a acumular todo y será un tema agravante”, indicó el politólogo, quien agregó que en Nariño, Norte de Santander, Antioquia, Cauca y Valle del Cauca se concentra más del 70% de los ataques a líderes sociales ocurridos este año.

En el libro ‘¿Por qué los matan?’, que Ávila acaba de lanzar al mercado, concluye que más del 70% de los casos son cometidos por sicarios que desconocen quiénes los contratan y que apenas en un 25% se establece que los determinadores serían organizaciones como el Eln, disidencias de las Farc y Clan de Golfo.

El programa Somos Defensores precisa que este año se han cometido en el departamento 28 ataques a líderes.

Coincidencia regional

Llegando a la misma conclusión que Ávila, relacionada con la crítica situación, Enrique Pertuz, director de la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos, insistió en que la tendencia de los ataques a los líderes en Norte de Santander se mantendría si el Gobierno no mejora sus esquemas de protección.

“Esa tendencia en el departamento no se va a detener, creemos que las amenazas y desplazamientos a líderes va a continuar porque no hay política ni compromisos de la institucionalidad. Cada vez que sucede un hecho, como el asesinato ocurrido en Ocaña, la respuesta del Gobierno siempre ha sido los consejos de seguridad donde anuncian aumento de pie de fuerza y ofrecimiento de recompensas. Eso no da resultado, y es lo que siempre se da”, dijo el dirigente que ha sido víctima de dos atentados.

Pertuz expresó su preocupación frente a la impunidad en los casos donde no se han determinado autores materiales e intelectuales. Según el informe de la Comisión Colombiana de Juristas de los 396 casos registrados  entre agosto del 2018 y diciembre del 2019 “en 248 de ellos se desconoce la autoría, lo que representa el 62,63 % del total de casos. En otros 37 casos, que representan el 9,34 % del total, la presunta autoría está relacionada con un grupo armado, aunque no es posible identificarlo”.

El 4 de agosto pasado la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana donde advirtió del riesgo y peligro que están corriendo en los municipios del Catatumbo los líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Diógenes Quintero, defensor del Pueblo en Ocaña, señaló que “la institucionalidad se ha quedado corta en responder al crecimiento que tiene Ocaña. No se fortalecen las entidades, queremos que les den herramientas técnicas, tecnológicas y humanas para que atiendan problemáticas como la atención a migrantes y construyan un segundo distrito de Policía”.

Lea aquí: Trabajar por la paz le está costando la vida a los líderes sociales: hijo de Solano

Jorge Solano Vega  (61 años)

Jorge Solano Vega, de 61 años, fue asesinado el 3 de noviembre pasado  en el sector Miraflores, en pleno centro de Ocaña. Los escoltas lo dejaron en la puerta de la vivienda y se marcharon a almorzar, factor aprovechado por los sicarios, que tocaron a la puerta. Al abrir, le dispararon a la altura del pecho y la cabeza.

Solano Vega fue un líder que se caracterizó por asumir posturas críticas frente a las actuaciones de los funcionarios públicos haciendo denuncias de presuntas irregularidades que, al parecer, nunca hicieron eco en los organismos de control.

Algunos amigos de Solano señalaron que él se había convertido en la ‘piedra en el zapato’ de algunas personas y a raíz de esas denuncias recibió intimidaciones.

Por ello, contaba con escoltas y una camioneta blindada de la Unidad Nacional de Protección. Un fiscal especializado investiga el sonado caso.

Freddy Angarita Martínez (45 años)

Freddy Angarita Martínez fue asesinado el 16 de mayo de 2020 en la manzana 5, lote 7, del barrio La Isla.

Angarita se desempeñó como uno de los líderes en un proceso de toma de tierras junto a Torres del Rodeo, denominado Villas del Rodeo, sobre el anillo vial occidental.

Familiares y amigos protagonizaron una marcha desde el sitio donde fue acribillado Freddy Angarita.

Su muerte generó que cinco líderes del asentamiento humano Villas del Rodeo (ahora Freddy Angarita) se encadenaran en las afueras del Centro de Atención de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (CRAV), en el barrio Comuneros.

En dicha invasión viven muchas familias vulnerables, víctimas de la violencia y con bajos recursos económicos. Las autoridades aseguran que son terrenos privados.

Le puede interesar:

Policía busca a homicidas de líderes sociales

Fernando Quintero Mena  (64 años)

Fernando Quintero Mena fue asesinado el 26 de enero de 2020 en el barrio El Camellón de Convención. Era el presidente de la junta de acción comunal de la vereda Guasiles (sur) de dicho municipio.

Por más de 23 años fue líder y era miembro del Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca), se desempeñó como presidente de la Asociación de Juntas de La Trinidad, fue concejal de Convención entre 2012 y 2015 y en la administración anterior fue el jefe del banco de maquinaria. Tenía de 64 años.

El hecho generó reacciones en redes sociales y fue rechazado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Gobernación de Norte de Santander  y la Policía, entre otros.

La ONU hizo un llamado a las autoridades para “tomar medidas de alcance estructural, para mejorar condiciones de vida y la seguridad en el Catatumbo”.

Carlos A. Sánchez V. (37 años)

Carlos Andrés Sánchez Villa fue asesinado el 4 de mayo de 2020 luego de salir de su finca ubicada en el kilómetro 25, en la vía Tibú-La Gabarra. Fue interceptado por dos hombres que le dispararon en repetidas oportunidades.

Sánchez Villa, de 37 años, era vicepresidente de la junta de acción comunal de la vereda Cayo Raya.

Juan Carlos Quintero, presidente de Ascamcat, dijo que Carlos Andrés fue asesinado por desconocidos desde una motocicleta y a un kilómetro de una unidad de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército.

Quintero aseguró que él hacía parte de los procesos de restitución de cultivos.

Efrén de Jesús Ospina (44 años)

Efrén de Jesús Ospina Velázquez de 44 años fue asesinado el 8 de febrero de 2020 en la vereda Totumito Carboneras, donde era el vicepresidente de la junta de acción comunal,  corregimiento Campo Dos (Tibú).

Ospina, natural de Puerto Boyacá, era un líder comunal que hacía parte del programa de restitución de cultivos ilícitos en el Catatumbo. En su labor, logró unir a varios campesinos en pro de la erradicación manual.

También se venía desempeñando como veedor de unas obras de mejoramiento vial en la vereda Totumito Carboneras.  Sus familiares están convencidos de que los móviles están asociados a su labor. Dejó tres hijos menores de edad.

Ángel A. Yaruro  (51 años)

Ángel Avendaño Yaruro de 51 años fue asesinado el 24 de junio de 2020 cuando desarrollaba las acostumbradas labores agrícolas, en la vereda El Hoyo de Convención.

El labriego oficiaba como conciliador del organismo comunal.

La población solicitó a las autoridades esclarecer el hecho, ya que hace dos años fue asesinado su hijo, Jesús Avendaño, en extrañas circunstancias.

Hasta el momento se desconocen los móviles y autores del asesinato del líder campesino. La Organización de Naciones Unidas (ONU) condenó el homicidio e instó al respeto a la vida y a que se investigue y sancione a los responsables.

Julio C. Sandoval (61 años)

Julio César Sandoval Chía fue asesinado el 12 de enero de 2020. Su cuerpo apareció bocarriba, descalzo y en medio de una vía destapada de la vereda La Silla,  corregimiento Campo Dos, en Tibú.

Sandoval, de 61 años y oriundo de Sardinata, era un líder social de la vereda La Silla y se desempeñaba como coordinador del Comité Veredal de Campesinos de su zona como miembro de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat).

Además, era integrante de la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) de este municipio

 Julio César recibió cuatro impactos de bala.

La Opinión

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