Para Eliécer Leal Cruz, presidente de la vereda Chiquinquirá (Tibú), Naciones Unidas los dejó solos y no se percibe acción contra el incumplimiento del Gobierno por el retraso en proyectos productivos para consolidar la sustitución de cultivos de uso ilícito en el proyecto piloto de Caño Indio.

“Vemos que Naciones Unidas se ha inclinado a hacernos cumplir en la sustitución, pero viendo que el Gobierno no ha cumplido, no vemos acciones”, declaró.

“Solo se cumplieron los pagos por un año de un millón de pesos mensuales”, pero el año se cumple en dos meses, situación que preocupa a los excultivadores que temen quedar sin nada y obligados a resembrar coca.

“Los proyectos, que eran de millón 800 mil pesos que debían llegar a los dos meses del primer pago, tampoco se ha cumplido, y un proyecto de 9 millones para el mediano plazo, tenía que llegar a los 4 meses, y tampoco”, expresó Leal.

Así mismo, señaló exclusión de familias del proyecto de sustitución, “porque cuando se hizo la visita al predio no solo hay coca de los patrones sino de amedieros”.

“Midieron cortes completos, sin tener en cuenta que el amediero o el dueño de la otra mata no se metió al programa y no se le puede arrancar, pero el campesino que firmó sí cumplió y arrancó su parte”, explicó.

Dairo Vallejo, encargado del programa de sustitución por parte de la Farc, teme que la sustitución sea un fracaso, “y los campesinos no quieren volver; por eso están haciendo estas denuncias los representantes del núcleo veredal de Caño Indio”, dijo.

Entre tanto, el secretario departamental de Gobierno, Édgar Pallares, comentó que en efecto se han identificado dificultades en materia de proyectos y asistencia técnica “con un retraso significativo” para 200 familias, pero se espera que se avale una propuesta de alivio que consiste en ampliar por 6 meses más los subsidios, mientras se inician los proyectos.