Médico, exiliado y miembro de la Comisión de la Verdad. Estas palabras resumen el perfil de Saúl Franco Arango, quien es el designado por esta delegación para escarbar la verdad del conflicto armado en el oriente del país.

En diálogo con La Opinión, el comisionado de este equipo investigador, que hace un año fue creado a partir del Acuerdo de Paz, entrega un balance de su labor en Norte de Santander, principalmente en el Catatumbo, un territorio donde persisten diversas dificultades para retratar el dolor de la guerra. 

¿En qué ha consistido la labor la Comisión de la Verdad en Norte de Santander?

La podría resumir en tres cosas fundamentales. En primer lugar, durante el año que llevamos en la región, hemos establecido un puente directo con varios sectores del departamento. Lo segundo, que es muy importante, es que conformamos y fundamos la Casa de la Verdad, un espacio de referencia donde la gente va a expresar su dolor (…) La tercera tarea fundamental ha sido la escucha.

Sobre ese último punto, la Comisión ha entrevistado a 363 personas de la región del Catatumbo durante este año. ¿Cuáles son los hechos de violencia que se han referenciado en esos testimonios?

Llama mucho la atención el problema de la desaparición forzada. El departamento tiene una cifra muy importante por este delito, que nos parece una de las circunstancias más violentas y que más ha marcado a las personas y a las comunidades. Esto tiene un impacto muy grande sobre la salud de la gente. También hemos encontrado situaciones graves por culpa del desplazamiento, que desafortunadamente no ha parado.

Otro punto es el asesinato de líderes sociales. Ese es muy sensible, porque es una de las evidencias de que el conflicto armado no ha cesado y sigue existiendo.

¿En qué otra modalidad del conflicto se ha enfocado la Comisión?

Estamos trabajando mucho el impacto del conflicto armado sobre la salud y el personal de la salud. Esto es lo que llamamos la misión médica, lo que ha pasado con el asesinato de gente en los hospitales, con el robo de medicamentos, con amenazas a enfermeras, promotores de salud, conductores de ambulancias y gerentes de estas entidades. 

Esto ha sido muy grave, porque en Colombia hay mucho personal de la salud desplazado, y fundamentalmente, personal básico, como promotoras de salud y conductores de ambulancias. Esa gente ha sufrido mucho y ha sido amenazada, desplazada y desaparecida. En Colombia se llegó al punto de que actores armados tomaron el control de las instituciones de salud y cosas tan aberrantes, como asesinar gente en un quirófano. 

¿Tiene alguna anécdota que le haya marcado particularmente durante su trabajo?

Me han llamado varias cosas fuertemente la atención, pero quiero destacar una: la persistencia y la decisión de las personas que están en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) cerca de Tibú. En medio de situaciones difíciles, de incertidumbre y de incumplimientos del Gobierno Nacional, muchos de los excombatientes están comprometidos con su reincorporación y dicen que no van a volver a las armas.

¿Cuáles han sido las dificultades que ha enfrentado la Comisión para ejercer su mandato en este territorio fronterizo?

En varias regiones del país, hemos observado algunas dificultades para acceder al territorio. Por una parte, la persistencia del conflicto hace que la gente tenga miedo de hablar de la verdad, porque los actores armados aún están presentes. Las personas no se sienten tranquilas al hablar y esa pérdida de la tranquilidad genera miedo.

¿Es posible reconstruir la verdad de una comunidad en medio del fuego cruzado, como ocurre en el Catatumbo?

Ese factor de la persistencia del conflicto es uno de los mayores obstáculos para la Comisión, por eso hemos tratado de incidir a todos los niveles para que se den las condiciones y el conflicto pare.

Por otro lado, la falta de apoyo político de sectores del Gobierno hace que la gente pierda la esperanza de un cambio. La gente habla esperando que su palabra sirva para transformar su realidad. Pero si la gente pierde la confianza y cree que su palabra no sirve de nada, porque la situación sigue empeorando, eso nos priva a nosotros de la materia prima de nuestro trabajo, que es la palabra de la gente, la comunicación de su dolor, de su historia, de su trayectoria y de su compromiso.

Organizaciones defensoras de derechos humanos están preocupadas por los altos índices de impunidad en el departamento. ¿Cuál es el trabajo de la comisión para romper esos ciclos de impunidad?

Tenemos un problema de impunidad grandísimo y sabemos que esto aviva el conflicto armado y viceversa. Nuestra primera tarea como Comisión de la Verdad es analizar bien a fondo las raíces, los significados y las implicaciones de la impunidad. A partir de ese análisis, vamos a ver si somos capaces de sugerir algunas alternativas para este tema, que tiene que ver con el ejercicio de la justicia en el país como también una cuestión de cultura.

*Gustavo Castillo | Periodista La Opinión