Las víctimas de secuestro por parte de la desmovilizada guerrilla de las Farc, residentes en Norte de Santander, podrán acreditarse ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para adquirir la calidad de intervinientes especiales en el Caso No. 01 “Retención ilegal de personas por parte de las Farc”, que adelanta esta dependencia.

Los interesados en solicitar su acreditación deberán presentar copia de documento de identidad, documentos que acrediten los hechos victimizantes reportados, documentos para acreditar parentesco (por ejemplo, copia del registro civil) o que permitan demostrar el daño sufrido por familiares o allegados a raíz de los hechos victimizantes reportados.

Para acreditarse deberán  diligenciar el formulario en línea de Solicitud de Acreditación y adjuntar los documentos requeridos accediendo a la página web de la Jurisdicción (www.jep.gov.co), o entregando el formulario físico diligenciado y los documentos a los funcionarios de la JEP o del Ministerio Público que estén atendiendo en los Centros Regionales de Atención  a víctimas (Crav).

Le puede interesar Nuevo informe de abuso sexual a mujeres que debe estudiar la JEP

Para facilitar el proceso de acreditación la JEP llevarán a cabo jornadas itinerantes de atención a víctimas en: 

- Ocaña: 29 de agosto, Centro Regional de Atención a Víctimas (Crav). 

- Ábrego: 30 de agosto, Centro de Convivencia Ciudadana. 

- El Tarra: 5 de septiembre, Personería Municipal.

- Tibú: 6 de septiembre, Punto de Atención a Víctimas. 

- Convención: 11 de septiembre, Personería Municipal. 

-Villa del Rosario: 13 de septiembre, Personería Municipal.

Por qué acreditarse

Al acreditarse, las víctimas podrán: participar en todas las instancias del proceso, de acuerdo a lo establecido en la ley, aportar pruebas, asistir a las diligencias e interponer recursos contra las decisiones que se profieran; recibir asesoría, orientación y representación judicial a través del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) de la JEP; Solicitar acompañamiento psicosocial y jurídico en los procedimientos, estar informadas del avance de la investigación y del proceso; y solicitar medidas de protección en el caso que sus derechos fundamentales sean amenazados por participar ante la JEP.